La Cumbre de los Ministros de Comercio de los Estados miembros, prevista para los días 22 y 23 de septiembre, se presenta como un encuentro clave para el futuro del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) y del Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá (CETA). Aunque se trata de un encuentro informal, las posiciones que los Estados miembros asuman serán determinantes en el desarrollo del proceso de ratificación del CETA

Según la agenda oficial de Bruselas, los Estados deberán tomar una decisión sobre la firma y aplicación provisional del CETA con vistas a la reunión del Comité de Representantes Permanentes (Coreper) del 12 de octubre. Esta decisión será luego objeto de aprobación sin debate en la cumbre del Consejo sobre Política General del 18 de octubre, antes de la cumbre UE-Canadá en la que tendría lugar la la firma del Acuerdo, prevista para el 27 de octubre.

Sin embargo, el  proceso de conclusión de los acuerdos encuentra no pocos obstáculos. Si fueran ciertas las últimas declaraciones del Presidente Hollande y del Secretario de Estado para el Comercio Exterior, Matthias Fekl, Francia pedirá formalmente al Consejo y a la Comisión que se paralicen las  negociaciones del TTIP.

En los últimos debates en el seno del Comité de Politíca Comercial del pasado 9 de septiembre, varios Estados miembros, entre ellos Bélgica, Eslovenia y Austria, han  señalado que sus gobiernos no estaban aún preparados para conceder plenos poderes a la UE en cuanto a la conclusión, firma y aplicación provisional del CETA.

Bulgaria y Rumania siguen reticentes a dar el sí definitivo al CETA ante la negativa por parte de Canadá  de levantar la obligación del visado para sus ciudadanos, mientras que Polonia ha manifestado sus dudas con relación al sistema de resolución de controversias previsto en dicho tratado, alegando que el mecanismo dejaría a algunos Estados miembros sin representación (el sistema de resolución de controversias previsto en el CETA dispone el nombramiento de 15 Jueces para el Tribunal de Primera  Instancia y 6 para el de Apelación).

Por su parte, Grecia ha reiterado su oposición al CETA como consecuencia de la debil protección otorgada por el Acuerdo al queso feta.

Por  otro lado, el gobierno en funciones de Mariano Rajoy ha ofrecido su  apoyo incondicional a la firma del CETA, a pesar de no tener ningún  estudio de impacto que asegure un beneficio para nuestra economía, sociedad o medio ambiente y a pesar de la escasa  legitimidad que tiene un gobierno en funciones para tomar decisiones de este calado.

En este complejo escenario, la convención extraordinaria del  Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) votó hace unos días a favor de la resolución que la dirección había preparado para respaldar la línea política de su presidente, Sigmar Gabriel que se empleó a fondo en los  últimos meses para hacer propaganda a favor del tratado y maniobrar  confundiendo a la opinión pública. Esta desconcertante decisión, que no respeta algunas de las líneas rojas asumidas previamente por el SPD, llega a unos pocos días de las movilizaciónes que tuvieron lugar en siete ciudades alemanas y que congregaron a más de 320.000 personas en contra de los tratados comerciales.

Pese a todo, la agenda oficial de Bruselas no está aún cerrada. Hechos como las masivas movilizaciones en  Alemania o el rechazo a los mal llamados acuerdos de libre comercio e inversiones por parte de los principales sindicatos españoles expresado el pasado día 20, aún pueden resultar decisivos.

Dada  la extrema gravedad de las consecuencias que estos tratados acarrean,  nadie puede mantenerse al margen, ya que afectarán a todas las personas arrebatándoles su soberanía como pueblo.

Este otoño van a visibilizarse las voces de millones de personas que exigen la suspensión del CETA,  así como de otros tratados que amenazan el equilibrio ecosistémico y  climático del planeta y ahondan en la brecha de la desigualdad global, tales como el TTIP, el TISA o el TPP.

La Cumbre de los Ministros de Comercio de los Estados miembros, prevista para los días 22 y 23 de septiembre, se presenta como un encuentro clave para el futuro del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) y del Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá (CETA). Aunque se trata de un encuentro informal, las posiciones que los Estados miembros asuman serán determinantes en el desarrollo del proceso de ratificación del CETA

Según la agenda oficial de Bruselas, los Estados deberán tomar una decisión sobre la firma y aplicación provisional del CETA con vistas a la reunión del Comité de Representantes Permanentes (Coreper) del 12 de octubre. Esta decisión será luego objeto de aprobación sin debate en la cumbre del Consejo sobre Política General del 18 de octubre, antes de la cumbre UE-Canadá en la que tendría lugar la la firma del Acuerdo, prevista para el 27 de octubre.

Sin embargo, el  proceso de conclusión de los acuerdos encuentra no pocos obstáculos. Si fueran ciertas las últimas declaraciones del Presidente Hollande y del Secretario de Estado para el Comercio Exterior, Matthias Fekl, Francia pedirá formalmente al Consejo y a la Comisión que se paralicen las  negociaciones del TTIP.

En los últimos debates en el seno del Comité de Politíca Comercial del pasado 9 de septiembre, varios Estados miembros, entre ellos Bélgica, Eslovenia y Austria, han  señalado que sus gobiernos no estaban aún preparados para conceder plenos poderes a la UE en cuanto a la conclusión, firma y aplicación provisional del CETA.

Bulgaria y Rumania siguen reticentes a dar el sí definitivo al CETA ante la negativa por parte de Canadá  de levantar la obligación del visado para sus ciudadanos, mientras que Polonia ha manifestado sus dudas con relación al sistema de resolución de controversias previsto en dicho tratado, alegando que el mecanismo dejaría a algunos Estados miembros sin representación (el sistema de resolución de controversias previsto en el CETA dispone el nombramiento de 15 Jueces para el Tribunal de Primera  Instancia y 6 para el de Apelación).

Por su parte, Grecia ha reiterado su oposición al CETA como consecuencia de la debil protección otorgada por el Acuerdo al queso feta.

Por  otro lado, el gobierno en funciones de Mariano Rajoy ha ofrecido su  apoyo incondicional a la firma del CETA, a pesar de no tener ningún  estudio de impacto que asegure un beneficio para nuestra economía, sociedad o medio ambiente y a pesar de la escasa  legitimidad que tiene un gobierno en funciones para tomar decisiones de este calado.

En este complejo escenario, la convención extraordinaria del  Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) votó hace unos días a favor de la resolución que la dirección había preparado para respaldar la línea política de su presidente, Sigmar Gabriel que se empleó a fondo en los  últimos meses para hacer propaganda a favor del tratado y maniobrar  confundiendo a la opinión pública. Esta desconcertante decisión, que no respeta algunas de las líneas rojas asumidas previamente por el SPD, llega a unos pocos días de las movilizaciónes que tuvieron lugar en siete ciudades alemanas y que congregaron a más de 320.000 personas en contra de los tratados comerciales.

Pese a todo, la agenda oficial de Bruselas no está aún cerrada. Hechos como las masivas movilizaciones en  Alemania o el rechazo a los mal llamados acuerdos de libre comercio e inversiones por parte de los principales sindicatos españoles expresado el pasado día 20, aún pueden resultar decisivos.

Dada  la extrema gravedad de las consecuencias que estos tratados acarrean,  nadie puede mantenerse al margen, ya que afectarán a todas las personas arrebatándoles su soberanía como pueblo.

Este otoño van a visibilizarse las voces de millones de personas que exigen la suspensión del CETA,  así como de otros tratados que amenazan el equilibrio ecosistémico y  climático del planeta y ahondan en la brecha de la desigualdad global, tales como el TTIP, el TISA o el TPP.