CETA

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El 26 de septiembre de 2014, Canadá y la Unión Europea (UE) anunciaron la conclusión de un ambicioso acuerdo de integración económica, el acuerdo entre Canadá y Europa (CETA: por su sigla en inglés y de uso más extendido). El acuerdo incluía un mecanismo de solución de controversias entre Estados e inversores (ISDS) – al que más tarde en febrero de 2016, se le dio un cambio de imagen y se le cambió el nombre por el de Sistema de Tribunales de Inversiones (ICS) – que podría desencadenar un auge de demandas de grandes empresas contra Canadá, la UE y Estados miembros de la UE, y que podría constituir una grave amenaza a las iniciativas de los gobiernos para proteger a la ciudadanía y el medio ambiente.

El 27 de octubre de 2017 el Senado español ratificó el acuerdo comercial CETA. Esta ratificación da el espaldarazo definitivo a la aprobación de este tratado por parte del Estado español, después del voto favorable en el Congreso de los Diputados del pasado 29 de junio. Como en aquella ocasión los votos favorables fueron del PP, C’s, y PNV, absteniéndose el PSOE y votando en contra Unidos Podemos-En Comú-Podem y En Marea, así como EH-Bildu. ERC se ausentó de la votación así como 3 de los 4 senadores del PdCAT.

A día de hoy el CETA no está ratificado en su totalidad al no haber sido aprobado mayoritariamente por los Estados miembro de la UE. Sin embargo se está aplicando de forma provisional desde el 21 de septiembre 2017 a la espera de la aplicación total pendiente de la aprobación de los parlamentos nacionales de Bélgica, Alemania, Francia (entre otros) y de un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para conocer si este tratado es compatible con el derecho comunitario.

Algunos documentos sobre el CETA

— CETA, La democracia en venta.
— Entendiendo el ceta.
 
Comunicado de la campaña #NOALTTIP sobre la aplicación definitiva del CETA en el Estado español.

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