El Parlamento Europeo ratifica el tratado comercial con Japón ignorando el malestar social

By | on 13 diciembre, 2018 | 0 Comment
La bancada socialdemócrata traiciona una vez más sus promesas de defender una política comercial más justa. Los parlamentos nacionales están excluidos de la ratificación del nuevo tratado comercial.

Hoy, el Parlamento Europeo ha aprobado con 474 votos a favor, 152 en contra y 40 abstenciones el Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón (cuyas siglas en inglés son #JEFTA). Una mayoría neoliberal —de conservadores, socialdemócratas y liberales— ha ratificado un acuerdo comercial que pone una vez más los intereses económicos por encima del bien común, el medio ambiente y los derechos humanos. Con este tratado, que entraría en vigor el próximo febrero, se reducen las regulaciones para acelerar la circulación de bienes, capitales y servicios así como de aranceles que afectarán, por ejemplo, al empleo industrial en España.

Es el mayor acuerdo bilateral comercial jamás firmado por la UE, afectará a más de 635 millones de personas y agranda los privilegios de los agentes que operan en un espacio que abarca un tercio de la economía mundial. Este tipo de acuerdos comerciales está llevando a una concentración cada vez mayor de poder político y económico en manos de las grandes corporaciones. Implica desregulación, privatización, cambios para adueñarse de la compra pública de las ciudades y aumentar el poder de las multinacionales.

Sólo la Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL) y Los Verdes se han opuesto preocupados por las consecuencias de este acuerdo y ha habido algunas excepciones en las filas socialdemócratas de Francia, Bélgica y Reino Unido. Con el JEFTA se crea un órgano en la sombra para el lobby corporativo. El principio de precaución, que protege la salud y la naturaleza según la legislación europea (Art. 191 del TFUE), no está cubierto. Los servicios públicos recibirán aún más presión. Y la falta de garantías para las normas laborales es escandalosa.

El JEFTA por la vía rápida y al margen del escrutinio parlamentario

Los resultados de las negociaciones no han sido objeto de una Evaluación de impacto de la sostenibilidad ex−post (la Comisión Europea infringe así sus obligaciones), ni de un análisis cuidadoso y exhaustivo del Parlamento Europeo. De hecho, los grupos parlamentarios mayoritarios (entre ellos el PP, C’s y el PSOE) han cedido todo el poder a la Comisión Europea y los Estados miembros para ratificar este acuerdo a toda prisa y sin un debate democrático. Ningún gobierno pidió en el seno del Consejo de la UE que #JEFTA sea de “carácter mixto” para que los parlamentos nacionales puedan decidir sobre él.

Recordemos que el gobierno de Pedro Sánchez ratificó el tratado en el Consejo de la UE en julio, sin conocer su contenido, sin debatirlo en el parlamento, sin pedir un estudio de impactos e incumpliendo más de la mitad de los diez principios que el Comité Federal del PSOE aprobó sólo un mes antes para aceptar los acuerdos comerciales.

Es especialmente grave la aprobación de este tratado con Japón puesto que lo convierte en el primero de una serie de acuerdos de comercio que no pasará por las Cortes Generales, es decir, que se tratará como un tema de competencia exclusiva de la UE y no como un tratado “mixto” como lo fue el CETA (el tratado con Canadá), que requería la aprobación de los parlamentos nacionales.

El acuerdo —que se lleva negociando desde 2013— pasa desapercibida para el público en general porque no hay voluntad de los gobiernos para abrir un debate por miedo de que se repitan las movilizaciones contra el tratado firmado con Canadá (CETA) o las negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), interrumpidas hoy con los Estados Unidos, aunque ambas potencias están preparando ya un mandato para reanudarlas.

El apoyo sin fisuras del gobierno español a las políticas neoliberales de la UE es desapercibida en una agenda política dominada por los discursos violentos de Casado y Rivera, la negativa de Torra y Puigdemont a apoyar los presupuestos pactados entre el PSOE y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea o la crisis de legitimidad del sistema judicial por la sentencia vergonzosa del Tribunal Supremo sobre el impuesto hipotecario.

Sin embargo, lo que ocurrió ante nuestros ojos, que la banca presione presuntamente a unos jueces para que cambien una sentencia que afectaría al poder financiero, sucede constantemente en el manejo de las instituciones europeas. Esto se llama la captura corporativa del poder político y judicial para preservar “la seguridad jurídica” y el “correcto funcionamiento del mercado”. Sánchez sigue en este aspecto la estela de Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

Al margen de los focos de las cámaras y las tertulias, en las instituciones europeas se tramitan todos los días políticas contra las mayorías sociales y que quebrantan la soberanía democrática y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Secretismo y opacidad

Al igual que otros acuerdos comerciales recientes el JEFTA ha sido negociado por funcionarios de la Comisión Europea en secreto y sin transparencia durante cuatro años. Incluso se puede decir que hubo más opacidad de la que denunciábamos durante las negociaciones del TTIP.

Nueve de cada diez reuniones de los negociadores fueron con lobbies como BusinessEurope (que representa los intereses de multinacionales como Telefónica, Repsol, Shell, Facebook o Veolia), ACEA (asociación de la industria automovilística como Daimler, Ford, BMW, PSA), el Foro Europeo de Servicios (Deutsche Bank, Orange, KPMG, etc.), la patronal alemana BDI (BASF, Bayer, Deutsche Telekom, Lufthansa) o con multinacionales japonesas como Hitachi. Mientras estos sectores han tenido un acceso privilegiado a los documentos, no hubo consultas con sindicatos ni con pequeñas y medianas empresas. Y eso a pesar del mantra de la comisaria de comercio, Cecilia Malmström o de la ministra de comercio del PSOE, Reyes Maroto, sobre la importancia de las PYMES.

Hachazo al empleo digno

El tratado comercial eliminaría entre el 97 y 99 por ciento de los aranceles entre la UE y Japón después de un período de transición. Al pacto se conoce también como el de “los automóviles por el queso”. La UE eliminará entre otros el arancel del 10% a los vehículos japoneses, mientras que Japón suprimirá las tasas a varios productos de alimentación. Lo que ocultan: el déficit comercial que tiene la UE con Japón agudiza el desempleo aquí.

Los partidarios de este tipo de tratados comerciales rara vez hablan de que un aumento de las importaciones de productos de Japón reducirá empleos. Porque no es cierto que los empleos perdidos por la presión de las importaciones en algunas industrias se estén compensando en otros sectores. Además, la competición con Japón empeorarán las condiciones laborales en sectores como la fabricación de coches.

Japón tiene pésimas condiciones laborales y ha promulgado, entre otras, una polémica reforma laboral que “normaliza” jornadas laborales agotadoras con 100 horas extra al mes que provocan a menudo suicidios por exceso de trabajo.

Más poder para las multinacionales

Al igual que CETA, el tratado con Japón otorga poderes sin precedentes a las multinacionales de ambas partes y limita el espacio de maniobra de los parlamentos. Habrá un mecanismo que permite a las corporaciones influir en los poderes públicos cuando tramitan nuevas regulaciones sociales, ambientales o fiscales. Con la “cooperación reguladora” los lobbies de las grandes empresas tienen el derecho de participar en la elaboración de leyes a puerta cerrada, incluso antes de que lleguen a los parlamentos. Las leyes y normas de interés general, que son consideradas “barreras al comercio”, podrían ser descafeinadas.

Este capítulo de “cooperación reguladora” reduce la capacidad de los gobiernos y parlamentos para aprobar y mejorar leyes y regulaciones en el interés de las mayorías sociales. Constituye por lo tanto una de las amenaza para la protección del medio ambiente, la salud y el mundo laboral.

Liberalizar servicios públicos por la puerta trasera

Los servicios públicos sufrirán una mayor presión mientras que también serán liberalizados el transporte marítimo internacional, los servicios postales y el comercio electrónico.

Los servicios de interés general no están excluidos, ya que no hay una exención completa del ámbito de aplicación de JEFTA. Se ha utilizado la Cláusula de utilidad pública que sin embargo se limita a monopolios públicos como la policía o el ejército. El tratado incluye artículos similares que achacábamos a los tratados comerciales #TTIP y #CETA que restringen la capacidad de los gobiernos para proteger, recuperar y ampliar los servicios públicos en el futuro.

El JEFTA mantiene el modo de una “lista negativa” para la liberalización de servicios. Lo que significa que sólo los servicios excluidos de manera explícita tendrán un trato diferente, con la imposibilidad añadida de revertir los procesos de liberalización (privatizar, externalizar, subcontratar, etc.) de la mayoría de servicios incluso cuando se trata de perseguir objetivos de políticas públicas como la protección de la salud o el cuidado de los mayores.

Además, las amplias facultades del “Comité Conjunto” en JEFTA, compuesto por funcionarios, permite incluir al tratado asuntos sensibles en una fecha posterior. Esto podría afectar, por ejemplo, los pliegos para licitar concesiones de servicios y serían particularmente sensibles en el sector del agua. Y todo ello sin la necesidad de una aprobación parlamentaria.

Un tratado patriarcal

La liberalización de servicios dificultan o impiden el acceso a servicios básicos y encarecen los cuidados no proveídos por el Estado. Son algunas de las razones por lo que decimos que los tratados comerciales como JEFTA profundizan la opresión patriarcal y la división sexual del trabajo. Por eso el movimiento feminista denuncia esta política neoliberal en su manifiesto del 8M. Además, el tratado con Japón no contiene una cláusula sobre igualdad salarial ni un capítulo con perspectiva de género, como reclama el PSOE en su “mandato” respecto a los tratados comerciales.

Con el JEFTA se abren las licitaciones públicas de las principales ciudades a las grandes empresas de servicios lo que pone en peligro las cláusulas sociales y ambientales o la autonomía local de los ayuntamientos.

El “trato nacional” obliga a los poderes públicos ofrecer a los inversores y proveedores de servicios extranjeros el mismo trato que se ofrece a las empresas locales limitando así la capacidad de dar prioridad a PYMES o del tercer sector en las contrataciones públicas, bajo criterios contra la precariedad laboral y la discriminación por motivos de género.

El PSOE dice defender el progreso social y democrático, pero el sistema judicial nipón con pena de muerte no parece ser un impedimento para aprobar el tratado comercial con Japón.
Escuchamos y leemos a menudo que el gobierno del PSOE defiende los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de Naciones Unidas, sin embargo la globalización a ultranza defendido en el JEFTA va en dirección opuesta porque favorece la evasión fiscal y la especulación financiera.

JEFTA acelera la crisis climática

De lo contrario a lo que sostiene la Comisión Europea y la mayoría de eurodiputados, el tratado con Japón está lejos de servir a la lucha contra el cambio climático. Sí, menciona el Acuerdo de París, pero faltan medidas concretas y obligaciones vinculantes. Y lo que es peor: los intereses comerciales están explícitamente por encima de la protección del clima. Más comercio significa más emisiones de gases de efecto invernadero y más calentamiento global.

Recientemente el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC), advirtió de que a la humanidad le quedan 12 años para limitar el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 ºC y prevenir una catástrofe climática peor de la que ya existe. Para ello se necesitan tomar medidas “sin precedentes”.

El IPCC señala con claridad que la UE debería modificar sus compromisos y reducir sus emisiones el 100% en 2040. De lo contrario la temperatura global superará el 1,5ºC antes de 2040. El incremento a 2 ºC respecto a 1,5 ºC acrecentará en un 50 % el estrés hídrico de muchas regiones del planeta. Una de las regiones más afectadas será la mediterránea. De hecho, en esta región este 0,5ºC puede marcar la diferencia entre la capacidad de adaptación o bien que se produzcan pérdidas irreversibles de importantes ecosistemas. Ello tendrá impactos irreversibles en España, tanto en la agricultura así como en el abastecimiento de agua.

La presión del sector automovilístico y petrolero ha conseguido bajar las ambiciones de la UE en la lucha contra el cambio climático. El PSOE presume de sensibilidad ambiental, pero cuando toca defender la ambición en la UE, se pliega a las presiones de los poderes corporativos como cuando recientemente el ministerio de transición ecológica dejó sin fecha la prohibición de la venta de coches de diésel y gasolina.

En cualquier caso, las disposiciones medioambientales del tratado con Japón son insuficientes para hacer frente al reto climático y la crisis ambiental. Sobre todo, a diferencia de todas las demás disposiciones, no son punibles en caso de violación por una de las dos partes del acuerdo. El capítulo sobre “desarrollo sostenible” es una mera herramienta de comunicación para la opinión pública, pero no obliga a nada.

La banca siempre gana

Diez años después del comienzo de la crisis financiera constatamos con desasosiego el fracaso de regular y supervisar mejor el sistema bancario. Bien al contrario, sigue habiendo miles de desahucios, despidos a miles de empleados de la banca y no se han recuperado los recursos públicos, tanto estatales como europeos, que han generado una deuda ilegítima, para rescatar a las entidades financieras, promocionar y subvencionar operaciones de concentración bancaria, facilitando la adquisición de las cajas de ahorros a bajo precio por parte de la gran banca, y proteger a los intereses bancarios privados. Las filtraciones de los “Papeles de Panamá”, “LuxLeaks”, etc. muestran, además, la evasión fiscal a paraísos fiscales por parte de grandes fortunas a través de los bancos.

Se vio con el banco Santander cuando compró el Banco Popular por 1 euro y más de 300.000 accionistas —de ellos, 250.000 minoritarios— perdieran su participación en el banco. No así el fondo de inversión norteamericano Blackrock, uno de los fondos especulativos más grandes del mundo, con un patrimonio de unos 4,5 billones de euros. Con información privilegiada al ser máximo accionista individual del Banco Santander, se deshizo de casi 98 millones de acciones del Popular y no tuvo las pérdidas de los accionistas minoritarios. En la operación se vieron dañadas empleadas y empleados del Popular, que tenían acciones o que se fueron a la calle o todos aquellas personas que vieron cerrar la oficina de su pueblo, porque perdieron su ahorro, su empleo o el servicio financiero que antes disponían.

Recientemente, la Policía alemana ha registrado las oficinas de Deutsche Bank, el mayor banco privado comercial de Alemania, por sospechas de blanqueo de dinero. Unos meses antes, supimos que la filial danesa Danske Bank en Estonia había blanqueado hasta 200 mil millones de euros entre 2007-2015, en su mayoría capital procedente de Rusia y con vínculos que llegan hasta Vladimir Putin y el servicio de inteligencia ruso. Estos problemas estructurales nos enseñan que necesitamos más regulación y más competencias y recursos para las autoridades supervisoras.

¿Y qué hace el tratado comercial UE-Japón? Ejercerá presión sobre los poderes públicos para reducir la regulación del sector financiero y no actuar frente al blanqueo de capitales. Ello tendrá un efecto desestabilizador en la economía en una coyuntura en la que estamos muy próximo a una nueva crisis financiera y económica global.

En la UE está prohibido el control del movimiento de capitales. Y la modificación del tipo de cambio está en manos del Banco Central Europeo que continúa una huida hacia delante con imprimir billetes y comprar acciones de bancos y multinacionales. Además, con los tipos de interés nominales a cero y negativos en términos reales sigue beneficiando a la banca en ausencia del control de las comisiones que cobra. En consecuencia se da una devaluación fiscal y salarial constante que aumenta la pobreza y las desigualdades sociales.

Los tratados de la UE y los acuerdos comerciales son complementarios a la hora de impedir una reforma fiscal progresiva o una política salarial a favor de las y los trabajadores. Y todo ello en una situación en la que en España los salarios reales y las pensiones sigan tan estancadas como bajas y el paro no descienda de dos dígitos.

La protección de datos personales en peligro

El Consejo Europeo de octubre ha decidido “proporcionar a los servicios de seguridad de los Estados miembros, a Europol y a Eurojust la puesta en común de material, una asociación más estrecha con el sector privado, la cooperación entre organismos y la mejora del acceso a los datos” así como “mejorar la interoperabilidad de los sistemas de información y las bases de datos”.

En este contexto, la integración económica y el comercio digital con Japón es un paso más en la dirección para que perdamos la privacidad de nuestros datos personales. Las multinacionales de la economía digital (Google, Amazon, Facebook, Apple) quieren controlar y comercializarlos.

Japón ya aprobó normas de protección de datos más débiles en el acuerdo comercial transpacífico (TPP). Debido a que no hubo acuerdo con los negociadores europeos, el tema de la “libre flujo de datos” y protección de datos personales se pospuso hasta más tarde en las negociaciones por medio de una cláusula de emplazamiento o de examen periódico (clause de rendez-vous) en el capítulo sobre “comercio de servicios, liberalización de inversiones y comercio electrónico”. El artículo 8.81 sobre “libre flujo de datos” se seguirá negociando más adelante. De esa manera, calculan los adalides del “libre comercio”, será más fácil que se adopte.

Una decisión cargada de consecuencias

El Parlamento Europeo ha fallado una vez más a la ciudadanía a la que debería representar porque el JEFTA no responde a la urgencia de los problemas ambientales, sociales y democráticos.

La ratificación del JEFTA muestra asimismo que las instituciones europeas y los Estados miembros de la UE no se toman en serio el malestar en Europa. Éste se expresa en las movilizaciones de las “chalecos amarillos” en Francia que ponen en tela de juicio toda la política injusta del gobierno Macron. Porque las políticas neoliberales implementadas en las últimas décadas han empeorado la vida de las mayoría sociales.

Las consecuencias de la globalización económica son tan relevantes que los partidos políticos que apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy, deberían exigir al PSOE que cambie la política comercial como condición para mantener a Pedro Sánchez al frente del gobierno.

Es fundamental permitir a los parlamentos nacionales realizar un proceso adecuado de análisis, escrutinio y deliberación democrática de los tratados comerciales. Así mismo, es imprescindible realizar un estudio de impacto público e independiente con la participación de agentes sociales, sobre los impactos económicos, sociales, ambientales y de género del JEFTA.

Siguiente paso: campaña contra los tribunales corporativos

El hecho de que la Comisión Europea haya presentado el JEFTA al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo sin incluir la protección de los inversionistas y los polémicos mecanismos de solución de controversias inversor-Estado (ISDS), que permiten a los inversores de demandar a los estados ante tribunales privados de arbitraje, es un éxito de la movilización internacional.
La UE pretende ahora negociar con Japón un acuerdo separado que incluya el arbitraje de inversiones.

Por ello y para frenar esta globalización capitalista la plataforma “No a los tratados de comercio e inversión” está preparando ya una campaña para la abolición general de los tribunales de arbitraje y contra las empresas transnacionales. El lanzamiento será, junto con organizaciones de toda Europa, en enero con ocasión del Foro Económico Mundial de Davos.

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