Un nuevo estudio del CEO al que ‘Público’ ha tenido acceso en primicia en España alerta del peligro de forzar a los poderes públicos a tener en cuenta las «sugerencias» de las grandes corporaciones, tal y como pretende hacer el tratado UE-EEUU.
Fuente: Diario Público
ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL
MADRID.-En el nuevo escenario pierden protagonismo los lobbies que presionan para derogar leyes, importa menos inventar tretas para burlar a los reguladores: cuando suba el telón tras el que Washington y Bruselas negocian con sigilo el TTIP las corporaciones directamente podrán poner nuevos ases sobre la mesa, sin tener que mantenerlos ocultos en la manga.
La cooperación reguladora es uno de los órganos vitales de este tratado de libre comercio, y puede servir de pase VIP a las empresas para sentarse a la mesa con los legisladores, retrasar la entrada en vigor de regulaciones e influir en el proceso de desarrollo de nuevas normativas, forzando a los máximos legisladores de ambos lados del Atlántico a tener en cuenta sus «sugerencias» incluso antes de que estas leyes hayan sido aprobadas, o de que los representantes políticos democráticamente elegidos de los 28 las conozcan. Todo, con el fin de acabar con las normativas que supongan «barreras al comercio» en distintos sectores, aunque estas barreras sirvan para proteger a los consumidores o al medio ambiente.
Así se desprende del último informe del Observatorio Corporativo Europeo (CEO) al que Público ha tenido acceso en primicia en España, y que viene a confirmar las informaciones publicadas por este diario. Un peligroso dueto regulatorio: cómo la cooperación reguladora transatlántica en el marco del TTIP permitirá a burócratas y multinacionales atacar el interés público pone su punto de mira en uno de los apartados más criticados del Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP, en inglés), que supone «la usurpación de la democracia», y que «afectará profundamente al proceso de toma de decisiones», «suponiendo un riesgo para la acción de regular por el interés público». «El infome demuestra que el TTIP nació del diálogo entre las grandes empresas y los legisladores en materia de comercio», apunta el texto.
Teniendo en cuenta que los negociadores de Washington se resisten a publicar sus líneas rojas y propuestas en el marco del TTIP, y que Bruselas se ha visto obligada a hacerlo tras varias filtraciones y críticas a su opacidad, los investigadores del CEO se han centrado en la documentación que sólo recoge la oferta europea, su punto de partida. Como avanzó este diario en base a una filtración del mismo organismo, la UE persigue la creación de un Cuerpo de Cooperación Reguladora en el que tendrán asiento la Comisión Europea y las autoridades estadounidenses. Este organismo hará públicas las normativas y estándares que se desarrollen a este nivel a ambos lados del Atlántico al menos una vez al año, para que las «partes interesadas» se pronuncien, vehiculizando así el «diálogo con estas partes» y quedando reflejada por escrito la importancia de tener en cuenta sus «sugerencias».
Entre estas partes técnicamente también estarían las organizaciones civiles, pero la trampa está en la enorme diferencia entre los recursos que estas manejan y los de las grandes multinacionales, o en el hecho de que estas organizaciones no tendrían voz en los cuerpos sectoriales que vertebrarían este organismo, en los que realmente se tomarían las decisiones. Por no hablar de la forma de repartir tiempos y sillones, que hoy no está clara. Sin embargo, teniendo en cuenta que el 83% de las reuniones de la Comisión Juncker sobre el TTIP tuvieron como interlocutores a los lobistas empresariales —según el CEO—, parece fácil adivinar quiénes serán los principales beneficiados.
De consolidarse el modelo que plantea Bruselas, esta línea directa entre legisladores y corporaciones quedaría legitimizada e institucionalizada, por lo que las multinacionales podrían presionar para abortar nuevas legislaciones aunque estas normativas apenas estuvieran en fase de esbozo. De hecho, teniendo en cuenta que el acuerdo aún se está negociando, el estudio no puede acotar más qué supondría este pase VIP para empresas, pero advierte de la enorme dimensión que tendría la cooperación reguladora en el TTIP con las cartas que hoy están sobre la mesa: englobaría desde la concesión de licencias y autorizaciones para prestar servicios hasta las condiciones de fabricación de los productos. «Incluso a las directivas relacionadas con aspectos sociales o de laborales».
Las diferencias entre el marco normativo estadounidense y el europeo son evidentes. Sin ir más lejos, mientras en EEUU se aplica el principio de la ciencia probada en el Viejo Continente se utiliza el principio de precaución, lo que en la práctica supone controles mucho más estrictos para producir y comercializar ciertos bienes. Las grandes corporaciones norteamericanas han cargado contra esta forma de actuar en varias ocasiones, y un nuevo acuerdo de cooperación reguladora podría servirles como blindaje.
Como recuerda el estudio, fue la propia Cámara de Comercio de EEUU quien se refirió a la cooperación como «a gift that keeps on giving», algo así como un «regalo» que nunca deja de dar frutos. Y el hecho de que la posición de la Comisión sobre este asunto esté en la línea de los principales grupos de presión europeos, que haya trabajado «muy cerca» del sector farmacéutico o automovilístico o que simplemente haya «asumido sus propuestas» en algunos casos viene a reforzar los temores del CEO y de otros actores.
«La propuesta de la UE supone una surrealista institucionalización de la actividad de lobby», afirma la directora de la Asociación de Consumidores Europeos, Monique Goyens, citada en el texto.
Hasta la fecha, los negociadores de ambos lados han insistido hasta la saciedad en que esta cooperación reguladora no supondrá una bajada de los estándares de protección, pero como sostienen distintos partidos políticos y organizaciones civiles, y como recuerda el informe, los precedentes sirven, cuanto menos, para poner en duda sus palabras.
Un enemigo conocido
«La cooperación reguladora no va sobre encontrar formas de estimular los derechos de los consumidores; no aspira a incrementar la protección laboral ni pretende reforzar la protección del medio ambiente: va sobre hacer las regulaciones más coherentes, especialmente para las compañías transnacionales, a través de la liberalización o la desregulación, y eso supone una seria amenaza a las normas de protección», reza el informe.
El estudio del CEO recuerda que la cooperación reguladora no es algo nuevo, pero advierte que en el caso del TTIP adquiriría mayores proporciones porque lo acordado en este marco sería de obligatorio cumplimiento, como no ocurría con acuerdos anteriores. Como precedente, los investigadores recuerdan la formación del Diálogo Comercial Transatlántico en 1995 (TADB), en el que participaron algunas de las mayores compañías europeas y estadounidenses, y que les sirvió para dar grandes pasos en materia de cooperación reguladora.
Uno de los ejemplos sobre los que asientan su tesis tiene lugar en 2008, con el estallido de la crisis económica. Sólo unos años antes, las autoridades europeas lanzaron una nueva normativa de supervisión económica que afectaba también a las grandes corporaciones financieras norteamericanas operando en los 28. La presión de estas empresas sirvió para que finalmente consiguieran seguir siendo sometidas a la supervisión de las autoridades norteamericanas, pero con el estallido de la crisis «se reveló que ni EEUU ni las autoridades financieras de la UE tenían ni idea de lo que ocurría con las cuentas del gigante de los seguros AIG». Como resultado, la crisis se agudizó y la administración estadounidense invirtió 170.000 millones de euros de dinero público en rescatar a AIG. Y este es sólo un ejemplo, ya que el informe recopila otra media docena de casos en sectores completamente distintos, aunque en esencia el resultado sea siempre similar: la cooperación reguladora reduce costes, pero son los estados, los trabajadores o el medio ambiente quienes sufren las consecuencias.
Con las autoridades de ambos lados del Atlántico apretando el acelerador para cerrar las negociaciones, la cooperación reguladora se dibuja como una de las aristas más peligrosas del acuerdo. Hasta ahora, la mayor parte de la atención estaba puesta en el mecanismo de blindaje de las corporaciones, el ISDS, y en su nueva versión, el ICS. Pero, como advertía la eurodiputada de Podemos Lola Sánchez a este diario, esto podría ser sólo la punta del iceberg. «Me da la impresión de que el ISDS podría ser un señuelo para mantenernos distraídos, para colárnosla. Quizás el verdadero peligro esté en la cooperación reguladora».
Para el CEO, la única solución para esquivar este peligro está clara: hay que poner el freno en la agenda de cooperación reguladora. «Y parar el TTIP sería un sabio primer paso», zanjan.
Un nuevo estudio del CEO al que ‘Público’ ha tenido acceso en primicia en España alerta del peligro de forzar a los poderes públicos a tener en cuenta las «sugerencias» de las grandes corporaciones, tal y como pretende hacer el tratado UE-EEUU.
Fuente: Diario Público
ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL
MADRID.-En el nuevo escenario pierden protagonismo los lobbies que presionan para derogar leyes, importa menos inventar tretas para burlar a los reguladores: cuando suba el telón tras el que Washington y Bruselas negocian con sigilo el TTIP las corporaciones directamente podrán poner nuevos ases sobre la mesa, sin tener que mantenerlos ocultos en la manga.
La cooperación reguladora es uno de los órganos vitales de este tratado de libre comercio, y puede servir de pase VIP a las empresas para sentarse a la mesa con los legisladores, retrasar la entrada en vigor de regulaciones e influir en el proceso de desarrollo de nuevas normativas, forzando a los máximos legisladores de ambos lados del Atlántico a tener en cuenta sus «sugerencias» incluso antes de que estas leyes hayan sido aprobadas, o de que los representantes políticos democráticamente elegidos de los 28 las conozcan. Todo, con el fin de acabar con las normativas que supongan «barreras al comercio» en distintos sectores, aunque estas barreras sirvan para proteger a los consumidores o al medio ambiente.
Así se desprende del último informe del Observatorio Corporativo Europeo (CEO) al que Público ha tenido acceso en primicia en España, y que viene a confirmar las informaciones publicadas por este diario. Un peligroso dueto regulatorio: cómo la cooperación reguladora transatlántica en el marco del TTIP permitirá a burócratas y multinacionales atacar el interés público pone su punto de mira en uno de los apartados más criticados del Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP, en inglés), que supone «la usurpación de la democracia», y que «afectará profundamente al proceso de toma de decisiones», «suponiendo un riesgo para la acción de regular por el interés público». «El infome demuestra que el TTIP nació del diálogo entre las grandes empresas y los legisladores en materia de comercio», apunta el texto.
Teniendo en cuenta que los negociadores de Washington se resisten a publicar sus líneas rojas y propuestas en el marco del TTIP, y que Bruselas se ha visto obligada a hacerlo tras varias filtraciones y críticas a su opacidad, los investigadores del CEO se han centrado en la documentación que sólo recoge la oferta europea, su punto de partida. Como avanzó este diario en base a una filtración del mismo organismo, la UE persigue la creación de un Cuerpo de Cooperación Reguladora en el que tendrán asiento la Comisión Europea y las autoridades estadounidenses. Este organismo hará públicas las normativas y estándares que se desarrollen a este nivel a ambos lados del Atlántico al menos una vez al año, para que las «partes interesadas» se pronuncien, vehiculizando así el «diálogo con estas partes» y quedando reflejada por escrito la importancia de tener en cuenta sus «sugerencias».
Entre estas partes técnicamente también estarían las organizaciones civiles, pero la trampa está en la enorme diferencia entre los recursos que estas manejan y los de las grandes multinacionales, o en el hecho de que estas organizaciones no tendrían voz en los cuerpos sectoriales que vertebrarían este organismo, en los que realmente se tomarían las decisiones. Por no hablar de la forma de repartir tiempos y sillones, que hoy no está clara. Sin embargo, teniendo en cuenta que el 83% de las reuniones de la Comisión Juncker sobre el TTIP tuvieron como interlocutores a los lobistas empresariales —según el CEO—, parece fácil adivinar quiénes serán los principales beneficiados.
De consolidarse el modelo que plantea Bruselas, esta línea directa entre legisladores y corporaciones quedaría legitimizada e institucionalizada, por lo que las multinacionales podrían presionar para abortar nuevas legislaciones aunque estas normativas apenas estuvieran en fase de esbozo. De hecho, teniendo en cuenta que el acuerdo aún se está negociando, el estudio no puede acotar más qué supondría este pase VIP para empresas, pero advierte de la enorme dimensión que tendría la cooperación reguladora en el TTIP con las cartas que hoy están sobre la mesa: englobaría desde la concesión de licencias y autorizaciones para prestar servicios hasta las condiciones de fabricación de los productos. «Incluso a las directivas relacionadas con aspectos sociales o de laborales».
Las diferencias entre el marco normativo estadounidense y el europeo son evidentes. Sin ir más lejos, mientras en EEUU se aplica el principio de la ciencia probada en el Viejo Continente se utiliza el principio de precaución, lo que en la práctica supone controles mucho más estrictos para producir y comercializar ciertos bienes. Las grandes corporaciones norteamericanas han cargado contra esta forma de actuar en varias ocasiones, y un nuevo acuerdo de cooperación reguladora podría servirles como blindaje.
Como recuerda el estudio, fue la propia Cámara de Comercio de EEUU quien se refirió a la cooperación como «a gift that keeps on giving», algo así como un «regalo» que nunca deja de dar frutos. Y el hecho de que la posición de la Comisión sobre este asunto esté en la línea de los principales grupos de presión europeos, que haya trabajado «muy cerca» del sector farmacéutico o automovilístico o que simplemente haya «asumido sus propuestas» en algunos casos viene a reforzar los temores del CEO y de otros actores.
«La propuesta de la UE supone una surrealista institucionalización de la actividad de lobby», afirma la directora de la Asociación de Consumidores Europeos, Monique Goyens, citada en el texto.
Hasta la fecha, los negociadores de ambos lados han insistido hasta la saciedad en que esta cooperación reguladora no supondrá una bajada de los estándares de protección, pero como sostienen distintos partidos políticos y organizaciones civiles, y como recuerda el informe, los precedentes sirven, cuanto menos, para poner en duda sus palabras.
Un enemigo conocido
«La cooperación reguladora no va sobre encontrar formas de estimular los derechos de los consumidores; no aspira a incrementar la protección laboral ni pretende reforzar la protección del medio ambiente: va sobre hacer las regulaciones más coherentes, especialmente para las compañías transnacionales, a través de la liberalización o la desregulación, y eso supone una seria amenaza a las normas de protección», reza el informe.
El estudio del CEO recuerda que la cooperación reguladora no es algo nuevo, pero advierte que en el caso del TTIP adquiriría mayores proporciones porque lo acordado en este marco sería de obligatorio cumplimiento, como no ocurría con acuerdos anteriores. Como precedente, los investigadores recuerdan la formación del Diálogo Comercial Transatlántico en 1995 (TADB), en el que participaron algunas de las mayores compañías europeas y estadounidenses, y que les sirvió para dar grandes pasos en materia de cooperación reguladora.
Uno de los ejemplos sobre los que asientan su tesis tiene lugar en 2008, con el estallido de la crisis económica. Sólo unos años antes, las autoridades europeas lanzaron una nueva normativa de supervisión económica que afectaba también a las grandes corporaciones financieras norteamericanas operando en los 28. La presión de estas empresas sirvió para que finalmente consiguieran seguir siendo sometidas a la supervisión de las autoridades norteamericanas, pero con el estallido de la crisis «se reveló que ni EEUU ni las autoridades financieras de la UE tenían ni idea de lo que ocurría con las cuentas del gigante de los seguros AIG». Como resultado, la crisis se agudizó y la administración estadounidense invirtió 170.000 millones de euros de dinero público en rescatar a AIG. Y este es sólo un ejemplo, ya que el informe recopila otra media docena de casos en sectores completamente distintos, aunque en esencia el resultado sea siempre similar: la cooperación reguladora reduce costes, pero son los estados, los trabajadores o el medio ambiente quienes sufren las consecuencias.
Con las autoridades de ambos lados del Atlántico apretando el acelerador para cerrar las negociaciones, la cooperación reguladora se dibuja como una de las aristas más peligrosas del acuerdo. Hasta ahora, la mayor parte de la atención estaba puesta en el mecanismo de blindaje de las corporaciones, el ISDS, y en su nueva versión, el ICS. Pero, como advertía la eurodiputada de Podemos Lola Sánchez a este diario, esto podría ser sólo la punta del iceberg. «Me da la impresión de que el ISDS podría ser un señuelo para mantenernos distraídos, para colárnosla. Quizás el verdadero peligro esté en la cooperación reguladora».
Para el CEO, la única solución para esquivar este peligro está clara: hay que poner el freno en la agenda de cooperación reguladora. «Y parar el TTIP sería un sabio primer paso», zanjan.
