La eurodiputada de Podemos Lolá Sánchez analiza el último documento filtrado sobre el polémico tratado de libre comercio que Bruselas y Washington negocian con sigilo
 

Fuente: ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL (Twitter:@alopezdemiguel) – Público

MADRID.-Lo han definido como la “constitución de las multinacionales”, el “caballo de Troya” de las empresas, como el “tratado vampiro”, y hoy los detractores del polémico acuerdo de libre comercio que Bruselas y Washington negocian con sigilo tienen un nuevo motivo para reforzar su posición. Según el documento filtrado y hecho público a finales de abril por el Observatorio Corporativo Europeo(CEO), en las negociaciones se contempla que las multinacionales puedan impulsar sus propias iniciativas legislativas tras la ratificación del acuerdo.

Esta es al menos la interpretación que hace el CEO, y que comparte la eurodiputada de Podemos Lola Sánchez del artículo 14 del citado documento, que abre la puerta a considerar “nuevas iniciativas de cooperación reguladora” propuestas por los negociadores o los stakeholders.

“Permitirá a las empresas impulsar sus propias iniciativas legislativas”, denuncia a Público la europarlamentaria, una de las más críticas con el TTIP (Transtlantic Trade and Investment Partnership).  “’Hay que considerar iniciativas legislativas que pueden venir de la otra parte, de los stakeholders’, dice el artículo 14 en su sección segunda. ¿No sólo hay que pedir permisos a EEUU para legislar, sino que además las multinacionales van a poder enviar sus iniciativas legislativas? Es una nueva vuelta de tuerca para blindar el poder empresarial”, sostiene.

«¿No sólo hay que pedir permisos a EEUU para legislar sino que ahora van a poder enviar iniciativas legislativas?», cuestiona Sánchez.
 “Las partes o las empresas podrán mandar iniciativas legislativas a un Consejo Regulador”, confirma Lora Verheecke, del CEO. La investigadora explica que el texto original, con las marcas de agua y la numeración del Europarlamento data de las negociaciones mantenidas en febrero, y establece también que los gobiernos “tengan que mandar a este consejo de cooperación todas sus futuras leyes”.

Lo harán después de traducirlas al inglés, lo que conllevará evidentes retrasos para aprobar normativas en los países no angloparlantes. Y, con estas propuestas legislativas en la mano, Verheecke advierte que empresas y gobiernos podrán hacer “estudios de impacto de estas normativas sobre el comercio”, aunque no ve probable que los hagan “sobre los consumidores o trabajadores”, que quedarían relegados a un segundo plano.

Sánchez refuerza la advertencia del CEO citando el artículo 7 del documento, que asegura que las partes firmantes del TTIP harán estudios de impacto en lo que respecta a las medidas regulatorias a nivel central, y enumera una serie de áreas a incluir en estos estudios, como el comercio o las inversiones internacionales, “y no dice nada de las políticas públicas o del medio ambiente. Si no se toca otra cosa que el comercio, ¿qué clase de estudio de impacto es este?”, cuestiona la europarlamentaria.

Sámchez: “Cualquier decisión relativa a los servicios financieros debe ser tomada dentro del marco del FRF, este cuerpo financiero que no se sabe quién lo compone y que establece el marco del que nadie puede salir”

Cooperación reguladora

El Cuerpo de Cooperación Reguladora (RCB, hasta ahora denominado Consejo de Cooperación Reguladora) será el organismo que coordine y supervise la actividad de armonización reguladora. El documento no dice quién lo compone, sólo que lo integrarán “autoridades competentes europeas y estados nacionales”, apunta Sánchez, crítica también con la definición de las competencias de este organismo. “El texto dice que el RCB no podrá adoptar actos legales. ¡Pues sólo faltaría eso!”, exclama.

Por este Cuerpo pasarán cada año las distintas normativas, aunque en palabras de la eurodiputada, “no tiene demasiado poder” y prevalecerá lo que decidan los distintos cuerpos sectoriales que lo articulen. Este organismo se reunirá una vez al año con representantes de la sociedad civil, empresas, consumidores y sindicatos, pero los cuerpos sectoriales no harán lo mismo. “Ahí es donde se toman las decisiones, en los cuerpos sectoriales en los que sí entrarán las empresas”, asegura la europarlamentaria.

“Todo abierto a interpretaciones: es un peligro”

Sánchez alerta de que el lenguaje con el que está escrito el documento está muy abierto a interpretaciones, algo que considera «peligroso». “Eso es lo más peligroso, cómo va a interpretarlo el Cuerpo de Cooperación Reguladora, que podrá hacerlo como le convenga”.

Otro de los puntos más preocupantes para la representante de Podemos tiene que ver con la regulación de los mercados financieros que esboza el documento. EEUU ha rechazado en varias ocasiones incluir esta materia en el acuerdo, y a juicio de la eurodiputada el hecho de que finalmente haya cedido, como contempla el texto, no puede obedecer a motivos altruistas: “Sólo puede ser porque esté seguro de que tendrá peso en esta regulación, o porque lo haya dado a cambio de otra cosa», explica Sánchez.

En concreto, el documento hace referencia al Foro de Regulación Financiera (Financial Regulatory Forum, FRF), como el organismo que deberá transmitir las informaciones en materia normativa al Cuerpo de Cooperación reguladora, y esboza el poder que tendrá este organismo. “Todas las decisiones relacionadas con servicios financieros corresponderán a las autoridades competentes, que actuarán en el marco del Fondo de Regulación Financiera», reza el documento.

“Cualquier decisión relativa a los servicios financieros debe ser tomada dentro del marco del FRF, este cuerpo financiero que no se sabe quién lo compone y que establece el marco del que nadie puede salir”, subraya Sánchez. La eurodiputada pone como ejemplo la reestructuración de la deuda nacional que podría decretar un gobierno, y que podría ser rechazada por este organismo financiero. “Es peligrosísimo”, zanja.

 

Malmström y su caballo de Troya
“Me da la impresión de que el ISDS podría ser un señuelo para mantenernos distraídos, para colárnosla. Quizás el verdadero peligro esté en la cooperación reguladora”, reflexiona la eurodiputada

Hace apenas una semana Sánchez explicó a este diario algunas de las medidas propuestas por la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, para “maquillar” la cláusula de blindaje a las multinacionales, el polémico ISDS (Investor State Dispute Settlement) que permitirá a las empresas denunciar a los estados por cifras millonarias de considerar afectadas sus inversiones en estos países por los cambios normativos que apliquen los respectivos gobiernos.

Bruselas lava la imagen del ISDS después de la consulta ciudadana en la que el 97% de los 150.000 europeos participantes dijeron no al blindaje de las multinacionales, y mientras crece la oposición contra contra el polémico TTIP. “Me da la impresión de que el ISDS podría ser un señuelo para mantenernos distraídos, para colárnosla. Quizás el verdadero peligro esté en la cooperación reguladora”, advierte.


Cientos de ‘irreductibles aldeas galas’ contra el TTIP

Este miércoles, Madrid acogerá una reunión de cientos de representantes de municipios europeos que se han declarado áreas libres del TTIP. Es sólo un acto simbólico, pero sirve para mostrar su firme rechazo a un acuerdo que afectará a todos los niveles de la administración.

Marga Ferré (IU), Carlos Sánchez Mato ( Ahora Madrid), o Ramón Linaza (Equo) participarán junto con Sánchez en el evento, en el que también se darán cita varios representantes de algunas de las irreductibles aldeas galas españolas contra el TTIP.


Partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales comenzaron criticando el TTIP por la opacidad de las negociaciones. El hecho de que Bruselas haya dejado pasar un resquicio de luz sobre el acuerdo no ha servido más que para echar leña a la hoguera del temor al tratado transatlántico; un acuerdo que sí convence a las grandes multinacionales y a la patronal europea.

La eurodiputada de Podemos Lolá Sánchez analiza el último documento filtrado sobre el polémico tratado de libre comercio que Bruselas y Washington negocian con sigilo
 

Fuente: ALEJANDRO LÓPEZ DE MIGUEL (Twitter:@alopezdemiguel) – Público

MADRID.-Lo han definido como la “constitución de las multinacionales”, el “caballo de Troya” de las empresas, como el “tratado vampiro”, y hoy los detractores del polémico acuerdo de libre comercio que Bruselas y Washington negocian con sigilo tienen un nuevo motivo para reforzar su posición. Según el documento filtrado y hecho público a finales de abril por el Observatorio Corporativo Europeo(CEO), en las negociaciones se contempla que las multinacionales puedan impulsar sus propias iniciativas legislativas tras la ratificación del acuerdo.

Esta es al menos la interpretación que hace el CEO, y que comparte la eurodiputada de Podemos Lola Sánchez del artículo 14 del citado documento, que abre la puerta a considerar “nuevas iniciativas de cooperación reguladora” propuestas por los negociadores o los stakeholders.

“Permitirá a las empresas impulsar sus propias iniciativas legislativas”, denuncia a Público la europarlamentaria, una de las más críticas con el TTIP (Transtlantic Trade and Investment Partnership).  “’Hay que considerar iniciativas legislativas que pueden venir de la otra parte, de los stakeholders’, dice el artículo 14 en su sección segunda. ¿No sólo hay que pedir permisos a EEUU para legislar, sino que además las multinacionales van a poder enviar sus iniciativas legislativas? Es una nueva vuelta de tuerca para blindar el poder empresarial”, sostiene.

«¿No sólo hay que pedir permisos a EEUU para legislar sino que ahora van a poder enviar iniciativas legislativas?», cuestiona Sánchez.
 “Las partes o las empresas podrán mandar iniciativas legislativas a un Consejo Regulador”, confirma Lora Verheecke, del CEO. La investigadora explica que el texto original, con las marcas de agua y la numeración del Europarlamento data de las negociaciones mantenidas en febrero, y establece también que los gobiernos “tengan que mandar a este consejo de cooperación todas sus futuras leyes”.

Lo harán después de traducirlas al inglés, lo que conllevará evidentes retrasos para aprobar normativas en los países no angloparlantes. Y, con estas propuestas legislativas en la mano, Verheecke advierte que empresas y gobiernos podrán hacer “estudios de impacto de estas normativas sobre el comercio”, aunque no ve probable que los hagan “sobre los consumidores o trabajadores”, que quedarían relegados a un segundo plano.

Sánchez refuerza la advertencia del CEO citando el artículo 7 del documento, que asegura que las partes firmantes del TTIP harán estudios de impacto en lo que respecta a las medidas regulatorias a nivel central, y enumera una serie de áreas a incluir en estos estudios, como el comercio o las inversiones internacionales, “y no dice nada de las políticas públicas o del medio ambiente. Si no se toca otra cosa que el comercio, ¿qué clase de estudio de impacto es este?”, cuestiona la europarlamentaria.

Sámchez: “Cualquier decisión relativa a los servicios financieros debe ser tomada dentro del marco del FRF, este cuerpo financiero que no se sabe quién lo compone y que establece el marco del que nadie puede salir”

Cooperación reguladora

El Cuerpo de Cooperación Reguladora (RCB, hasta ahora denominado Consejo de Cooperación Reguladora) será el organismo que coordine y supervise la actividad de armonización reguladora. El documento no dice quién lo compone, sólo que lo integrarán “autoridades competentes europeas y estados nacionales”, apunta Sánchez, crítica también con la definición de las competencias de este organismo. “El texto dice que el RCB no podrá adoptar actos legales. ¡Pues sólo faltaría eso!”, exclama.

Por este Cuerpo pasarán cada año las distintas normativas, aunque en palabras de la eurodiputada, “no tiene demasiado poder” y prevalecerá lo que decidan los distintos cuerpos sectoriales que lo articulen. Este organismo se reunirá una vez al año con representantes de la sociedad civil, empresas, consumidores y sindicatos, pero los cuerpos sectoriales no harán lo mismo. “Ahí es donde se toman las decisiones, en los cuerpos sectoriales en los que sí entrarán las empresas”, asegura la europarlamentaria.

“Todo abierto a interpretaciones: es un peligro”

Sánchez alerta de que el lenguaje con el que está escrito el documento está muy abierto a interpretaciones, algo que considera «peligroso». “Eso es lo más peligroso, cómo va a interpretarlo el Cuerpo de Cooperación Reguladora, que podrá hacerlo como le convenga”.

Otro de los puntos más preocupantes para la representante de Podemos tiene que ver con la regulación de los mercados financieros que esboza el documento. EEUU ha rechazado en varias ocasiones incluir esta materia en el acuerdo, y a juicio de la eurodiputada el hecho de que finalmente haya cedido, como contempla el texto, no puede obedecer a motivos altruistas: “Sólo puede ser porque esté seguro de que tendrá peso en esta regulación, o porque lo haya dado a cambio de otra cosa», explica Sánchez.

En concreto, el documento hace referencia al Foro de Regulación Financiera (Financial Regulatory Forum, FRF), como el organismo que deberá transmitir las informaciones en materia normativa al Cuerpo de Cooperación reguladora, y esboza el poder que tendrá este organismo. “Todas las decisiones relacionadas con servicios financieros corresponderán a las autoridades competentes, que actuarán en el marco del Fondo de Regulación Financiera», reza el documento.

“Cualquier decisión relativa a los servicios financieros debe ser tomada dentro del marco del FRF, este cuerpo financiero que no se sabe quién lo compone y que establece el marco del que nadie puede salir”, subraya Sánchez. La eurodiputada pone como ejemplo la reestructuración de la deuda nacional que podría decretar un gobierno, y que podría ser rechazada por este organismo financiero. “Es peligrosísimo”, zanja.

 

Malmström y su caballo de Troya
“Me da la impresión de que el ISDS podría ser un señuelo para mantenernos distraídos, para colárnosla. Quizás el verdadero peligro esté en la cooperación reguladora”, reflexiona la eurodiputada

Hace apenas una semana Sánchez explicó a este diario algunas de las medidas propuestas por la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, para “maquillar” la cláusula de blindaje a las multinacionales, el polémico ISDS (Investor State Dispute Settlement) que permitirá a las empresas denunciar a los estados por cifras millonarias de considerar afectadas sus inversiones en estos países por los cambios normativos que apliquen los respectivos gobiernos.

Bruselas lava la imagen del ISDS después de la consulta ciudadana en la que el 97% de los 150.000 europeos participantes dijeron no al blindaje de las multinacionales, y mientras crece la oposición contra contra el polémico TTIP. “Me da la impresión de que el ISDS podría ser un señuelo para mantenernos distraídos, para colárnosla. Quizás el verdadero peligro esté en la cooperación reguladora”, advierte.


Cientos de ‘irreductibles aldeas galas’ contra el TTIP

Este miércoles, Madrid acogerá una reunión de cientos de representantes de municipios europeos que se han declarado áreas libres del TTIP. Es sólo un acto simbólico, pero sirve para mostrar su firme rechazo a un acuerdo que afectará a todos los niveles de la administración.

Marga Ferré (IU), Carlos Sánchez Mato ( Ahora Madrid), o Ramón Linaza (Equo) participarán junto con Sánchez en el evento, en el que también se darán cita varios representantes de algunas de las irreductibles aldeas galas españolas contra el TTIP.


Partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales comenzaron criticando el TTIP por la opacidad de las negociaciones. El hecho de que Bruselas haya dejado pasar un resquicio de luz sobre el acuerdo no ha servido más que para echar leña a la hoguera del temor al tratado transatlántico; un acuerdo que sí convence a las grandes multinacionales y a la patronal europea.