Última filtración: Documento confidencial del Consejo de la Unión Europea evidencia que la Comisión Europea ha autorizado al Gobierno de España a negociar una «enmienda» al Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones con la República de Colombia. No se sabe qué ha pasado con el acuerdo en vigor desde 2007, que según el BOE “permanecerá en vigor por un periodo inicial de diez años. Tras la expiración del periodo inicial de validez, continuará en vigor indefinidamente a menos de que sea denunciado por cualquiera de las Partes Contratantes mediante notificación escrita a la otra Parte Contratante”. ¿Tal vez no es lo suficientemente amplio para inversionistas y compañías multinacionales?

Lo que sí sabemos es que en Colombia continúan las violaciones de derechos humanos y hay pobreza y desigualdades, pero que al Gobierno español sólo le interesan los negocios privados y que únicamente defiende los intereses de las empresas multinacionales españolas. Sabemos también que en el sector minero del carbón en Colombia se han registrado graves violaciones de derechos humanos. A España y Holanda llegan cada mes barcos de carbón colombiano a pesar de que decenas de sindicalistas fueron asesinados y muchas familias fueron forzadas a desplazarse.

Un ejemplo: la multinacional Gas Natural Fenosa interpuso en 2017 una demanda contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal internacional de arbitraje dependiente del Banco Mundial, exigiendo 1.000 millones de euros en compensación por la liquidación de su filial Electricaribe, acogiéndose al Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre Colombia y España.