“Nos oponemos a los tratados de comercio e inversión como el TTIP, el CETA y el TiSA, en defensa de una vida digna en una sociedad justa y en un medio ambiente sano.»
1 . ¿Quiénes somos?
Somos una campaña formada por movimientos sociales, organizaciones sindicales y políticas, colectivos, plataformas y asambleas ciudadanas que comparten una profunda preocupación por las diversas amenazas que plantean los tratados de comercio e inversión como el Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP, por sus siglas en inglés, también conocido como Tratado de Libre Comercio Transatlántico; el Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA, Tratado Unión Europea con Canada, y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios – TiSA. Representamos intereses públicos muy diversos, incluyendo la defensa de los derechos laborales y sindicales, el derecho a la igualdad, la protección del medio ambiente, el control público de los sistemas financieros, la salud pública, la agricultura, los derechos de los consumidores, la seguridad alimentaria, el derecho al acceso público a la información y a la privacidad de los datos personales en los servicios digitales. En resumen: la defensa de los servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad, las pensiones y todos los derechos recogidos en la Carta Internacional de los Derechos Humanos.
Tenemos el firme compromiso de rechazar las negociaciones y ratificaciones de tratados como el TTIP, el CETA y el TiSA, para garantizar un debate político transparente y democrático. Todos los acuerdos deben servir al interés público y a nuestro futuro común.
2 . ¿Qué son los tratados de libre comercio e inversión?
Los tratados de libre comercio son acuerdos que adoptan dos o más Estados con la finalidad de ampliar el mercado de bienes, servicios y capitales entre los Estados firmantes. Es decir, constituyen leyes del comercio global y una herramienta del capitalismo para la acumulación de capital por parte de las multinacionales, que son la mayor parte de los inversores extranjeros. Con ellos se pretende asegurar la expansión económica, reduciendo aranceles, y sobre todo liberalizando el tráfico comercial y financiero, facilitando la circulación de mercancías y capitales, así como la apropiación por las multinacionales de los ingresos obtenidos en el comercio global, sin contribuir al desarrollo de las comunidades que les facilitan los recursos que explotan.
Estos tratados pretenden garantizar la obtención de beneficios a las inversiones extranjeras, no sólo reduciendo aranceles, sino que se centran sobre todo en reducir los controles normativos, llamadas barreras no arancelarias, y en otorgar herramientas jurídicas a los inversores extranjeros que les permita eliminar cualquier obstáculo, incluso legislativo, que pueda impedir la obtención de beneficios a los inversores.
Los textos publicados de acuerdos como el CETA, de filtraciones, la experiencia del acuerdo de libre comercio e inversión firmado entre México, Canadá y EEUU en 1993 (NAFTA), e indicios provenientes de las empresas y la industria que participan de alguna manera en estas negociaciones, revelan que el enfoque sobre las barreras no arancelarias y la convergencia de la reglamentación entre ambas partes se está utilizando para impulsar la desregulación, una visión de los derechos de propiedad intelectual que sólo fomentan monopolios, y una carrera para igualar derechos y estándares a la baja. Los supuestos beneficios económicos no tienen fundamento y, en cualquier caso, son marginales para la sociedad en general, incluso en el caso de que fuera cierto lo que cuentan los defensores del acuerdo al respecto. Más bien todo indica que los objetivos de los acuerdos amenazan importantes derechos adquiridos en las largas luchas democráticas y los intereses sociales de los pueblos de todo el mundo.
Las negociaciones se hacen sin una consulta pública efectiva. Los parlamentos nacionales no son informados sobre los detalles de los textos de negociación de la Comisión.
3 . ¿Qué nos preocupa?
La falta de transparencia y de procedimientos democráticos, lo que hace imposible a la ciudadanía y a la sociedad civil seguir las negociaciones para garantizar que los intereses públicos están siendo protegidos. Actualmente estas negociaciones están muy sesgadas: grupos de presión empresariales tienen acceso privilegiado a la información y oportunidades para influir en las negociaciones.
El capítulo propuesto sobre protección de inversiones y en particular la inclusión de una disposición sobre el mecanismo de Solución de Diferencias entre el Estado y el Inversor (ISDS/ ISC). Mediante el cual se otorga a los inversores derechos exclusivos para demandar a los Estados cuando consideren que alguna decisión democrática -realizada por instituciones representativas y para el interés general- se considera que puede tener impactos negativos en sus ganancias presentes o futuras. Estos mecanismos se desarrollan al margen de cualquier tribunal nacional e internacional, lo que socava los sistemas legales de las naciones, así como la soberanía democrática de las naciones para la formulación de leyes y políticas de interés público.
La creación de nuevas estructuras antidemocráticas de gobierno, y de procedimientos que tienen como objetivo “armonizar las regulaciones” como el Consejo de Cooperación Regulatoria. Estas estructuras permitirían que las decisiones tomadas en el marco de cualquiera de estos tratados sean constantemente fiscalizadas por tecnócratas no electos por el pueblo y grandes grupos de presión empresarial, cuya única finalidad es garantizar el beneficio empresarial, impidiendo a los Estados la protección del interés público.
También nos preocupa el objetivo de fortalecer la protección de los “derechos de propiedad intelectual”, que tal como está planteado, ataca algunos de nuestros derechos básicos como la salud, la educación, la cultura y la libertad expresión.
4 . Demandas y objetivos compartidos:
Sobre la base de los valores de la solidaridad internacional, la justicia social, la sostenibilidad ambiental y el respeto de todos los derechos humanos, trabajamos con nuestros aliados en los cinco continentes, exigiendo:
a) Transparencia inmediata: de manera que debería hacerse público todos los textos de las negociaciones que se estén llevando a cabo en cualquiera de los tratados que se pretenda firmar, para permitir un debate público abierto y crítico sobre la TTIP y el CETA.
b) NO a la privatización de la justicia: nos oponemos a cualquier mecanismos de solución de diferencias entre inversor y Estado que se desarrolle al margen del sistema judicial de cada Estado, y mantenemos con firmeza la soberanía de nuestras naciones para la toma de decisiones en la defensa y mejora del interés público y del bien común por encima de los intereses privados.
c) NO al Consejo de Cooperación Regulatoria: toda la regulación que pueda afectar a las operaciones comerciales y financieras, así como las que se refieren a las condiciones de producción y distribución deben estar en manos de órganos y procesos controlados democráticamente desde los Estados y nunca desde órganos supranacionales, para garantizar el interés público y el desarrollo sostenible de la economía local.
d) NO a la desregulación y a la rebaja de los estándares de protección: se debe garantizar la aplicación del principio de precaución, la contratación pública, las normas sociales y laborales, de los consumidores y de la salud pública, la protección del medio ambiente, incluyendo la regeneración de nuestros recursos naturales, el bienestar animal, las normas sanitarias de los alimentos y las prácticas agrícolas ambientalmente sostenibles, el acceso a la información, la cultura y la medicina, la regulación del mercado financiero, así como la protección de datos y otros derechos digitales deben ser competencia exclusiva de los Estados, y ninguna comisión o comité de ámbito supranacional debe decidir sobre ellos. Ni el reconocimiento mutuo de la normativa existente en los distintos Estados es aceptable en la medida en que es contraria al interés general.
e) No existe peor desregulación que la privatización de los servicios públicos. Defendemos el acceso universal a una educación de calidad, a la atención de la salud y otros servicios públicos como instrumentos para sostener la reproducción social de la vida, y una contratación pública que promueva el empleo local y las economías locales, la discriminación positiva, la integración social, la economía sostenible, el cuidado de las personas.
En este sentido hay que tener presente que los efectos de la privatización de los servicios públicos en diferentes ámbitos tienen un especial impacto en las condiciones de vida y de trabajo de los más débiles ( pobres, y en especial niños y mujeres).
f) La promoción de prácticas agrícolas sostenibles con el medio ambiente y la protección de la pequeña agricultura familiar.
g) Las instituciones públicas deben mantener el poder político y las estructuras necesarias para proteger ciertos sectores sensibles y salvaguardar las normas importantes para nuestra calidad de vida. Las normas laborales y ambientales internacionalmente acordadas deben ser respetadas. La violación continua de las normas del trabajo debe ser objeto de sanciones, y estas deben ser ejecutadas.
Finalmente defendemos la construcción de unas relaciones y políticas comerciales entre nuestros pueblos que pongan en primer lugar las personas y el planeta, garantizando:
- Los derechos humanos universales e inalienables de todas las personas, incluidos los derechos a una alimentación adecuada, agua, salud, derechos sexuales y reproductivos, integridad física y psíquica, ropa, vivienda, educación, protección social, movilidad, cultura, ocio y un medio ambiente limpio.
- Un trabajo decente, que permita a la gente vivir una vida digna, incluyendo una renta adecuada y los derechos laborales.
- El reconocimiento del trabajo reproductivo y del cuidado y de los trabajos informales de servicio a las personas y a la comunidad. Garantizar una redistribución equitativa y una reorganización socio-económica, de forma que no recaigan en exclusiva en las mujeres las tareas del bienestar cotidiano, así como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
- Una transición a una economía de bajas emisiones de carbono, que no se base en un consumo excesivo, sino en el uso social y ecológicamente responsable de los recursos, y que permita una vida digna sin poner en peligro el apoyo de otras personas, generaciones futuras, así como de la agricultura, de la flora y la fauna.
- Lograr una transparencia y participación ciudadana significativa en todos los niveles de toma de decisiones.
- La lucha contra la pobreza y el establecimiento de nuevas relaciones de solidaridad y equidad entre hombres y mujeres y con las personas de otras regiones y el respeto de los derechos de las personas refugiadas e inmigrantes.
ACTOS DE LA CAMPAÑA No al TTIP – Comarques de Castelló
Viernes 7 de octubre:
Plaza Maria Agustina, a las 12h.
Concentración:
POR EL TRABAJO DECENTE.
Lunes 10 de octubre:
Plaza Santa Clara, a las 18h.
Charla:
TTIP-CETA-TiSA, EFECTOS EN LAS PENSIONES
Jueves 13 de octubre:
MESA REDONDA: A las 12h en la Sala de Graus de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I. Conferencia: “Quien paga realmente los impuestos en España? Propuestas para una fiscalidad justa« con Jorge Amar Benet, de Attac España, Modesto Fabra Valls, Profesor de Drecho Financiero y Tributario, Vicente Budí Orduña- Director de IIDL-UJI. Modera: Gonzalo Pareja
Museu de Belles Arts, a las 19.30h:
Charla-coloquio,
“LA AMENAZA GLOBAL SOBRE EL ÁMBITO LOCAL»
Ponentes: Marina Albiol (Eurodiputada) y Xavi del Señor (Concejal).
Sábado 15 de octubre:
Plaza Sta. Clara, de 11 a 14h.:
Concentración con actividades lúdicas y batucada.
No al TTIP – Comarques de Castelló
“Nos oponemos a los tratados de comercio e inversión como el TTIP, el CETA y el TiSA, en defensa de una vida digna en una sociedad justa y en un medio ambiente sano.»
1 . ¿Quiénes somos?
Somos una campaña formada por movimientos sociales, organizaciones sindicales y políticas, colectivos, plataformas y asambleas ciudadanas que comparten una profunda preocupación por las diversas amenazas que plantean los tratados de comercio e inversión como el Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP, por sus siglas en inglés, también conocido como Tratado de Libre Comercio Transatlántico; el Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA, Tratado Unión Europea con Canada, y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios – TiSA. Representamos intereses públicos muy diversos, incluyendo la defensa de los derechos laborales y sindicales, el derecho a la igualdad, la protección del medio ambiente, el control público de los sistemas financieros, la salud pública, la agricultura, los derechos de los consumidores, la seguridad alimentaria, el derecho al acceso público a la información y a la privacidad de los datos personales en los servicios digitales. En resumen: la defensa de los servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad, las pensiones y todos los derechos recogidos en la Carta Internacional de los Derechos Humanos.
Tenemos el firme compromiso de rechazar las negociaciones y ratificaciones de tratados como el TTIP, el CETA y el TiSA, para garantizar un debate político transparente y democrático. Todos los acuerdos deben servir al interés público y a nuestro futuro común.
2 . ¿Qué son los tratados de libre comercio e inversión?
Los tratados de libre comercio son acuerdos que adoptan dos o más Estados con la finalidad de ampliar el mercado de bienes, servicios y capitales entre los Estados firmantes. Es decir, constituyen leyes del comercio global y una herramienta del capitalismo para la acumulación de capital por parte de las multinacionales, que son la mayor parte de los inversores extranjeros. Con ellos se pretende asegurar la expansión económica, reduciendo aranceles, y sobre todo liberalizando el tráfico comercial y financiero, facilitando la circulación de mercancías y capitales, así como la apropiación por las multinacionales de los ingresos obtenidos en el comercio global, sin contribuir al desarrollo de las comunidades que les facilitan los recursos que explotan.
Estos tratados pretenden garantizar la obtención de beneficios a las inversiones extranjeras, no sólo reduciendo aranceles, sino que se centran sobre todo en reducir los controles normativos, llamadas barreras no arancelarias, y en otorgar herramientas jurídicas a los inversores extranjeros que les permita eliminar cualquier obstáculo, incluso legislativo, que pueda impedir la obtención de beneficios a los inversores.
Los textos publicados de acuerdos como el CETA, de filtraciones, la experiencia del acuerdo de libre comercio e inversión firmado entre México, Canadá y EEUU en 1993 (NAFTA), e indicios provenientes de las empresas y la industria que participan de alguna manera en estas negociaciones, revelan que el enfoque sobre las barreras no arancelarias y la convergencia de la reglamentación entre ambas partes se está utilizando para impulsar la desregulación, una visión de los derechos de propiedad intelectual que sólo fomentan monopolios, y una carrera para igualar derechos y estándares a la baja. Los supuestos beneficios económicos no tienen fundamento y, en cualquier caso, son marginales para la sociedad en general, incluso en el caso de que fuera cierto lo que cuentan los defensores del acuerdo al respecto. Más bien todo indica que los objetivos de los acuerdos amenazan importantes derechos adquiridos en las largas luchas democráticas y los intereses sociales de los pueblos de todo el mundo.
Las negociaciones se hacen sin una consulta pública efectiva. Los parlamentos nacionales no son informados sobre los detalles de los textos de negociación de la Comisión.
3 . ¿Qué nos preocupa?
La falta de transparencia y de procedimientos democráticos, lo que hace imposible a la ciudadanía y a la sociedad civil seguir las negociaciones para garantizar que los intereses públicos están siendo protegidos. Actualmente estas negociaciones están muy sesgadas: grupos de presión empresariales tienen acceso privilegiado a la información y oportunidades para influir en las negociaciones.
El capítulo propuesto sobre protección de inversiones y en particular la inclusión de una disposición sobre el mecanismo de Solución de Diferencias entre el Estado y el Inversor (ISDS/ ISC). Mediante el cual se otorga a los inversores derechos exclusivos para demandar a los Estados cuando consideren que alguna decisión democrática -realizada por instituciones representativas y para el interés general- se considera que puede tener impactos negativos en sus ganancias presentes o futuras. Estos mecanismos se desarrollan al margen de cualquier tribunal nacional e internacional, lo que socava los sistemas legales de las naciones, así como la soberanía democrática de las naciones para la formulación de leyes y políticas de interés público.
La creación de nuevas estructuras antidemocráticas de gobierno, y de procedimientos que tienen como objetivo “armonizar las regulaciones” como el Consejo de Cooperación Regulatoria. Estas estructuras permitirían que las decisiones tomadas en el marco de cualquiera de estos tratados sean constantemente fiscalizadas por tecnócratas no electos por el pueblo y grandes grupos de presión empresarial, cuya única finalidad es garantizar el beneficio empresarial, impidiendo a los Estados la protección del interés público.
También nos preocupa el objetivo de fortalecer la protección de los “derechos de propiedad intelectual”, que tal como está planteado, ataca algunos de nuestros derechos básicos como la salud, la educación, la cultura y la libertad expresión.
4 . Demandas y objetivos compartidos:
Sobre la base de los valores de la solidaridad internacional, la justicia social, la sostenibilidad ambiental y el respeto de todos los derechos humanos, trabajamos con nuestros aliados en los cinco continentes, exigiendo:
a) Transparencia inmediata: de manera que debería hacerse público todos los textos de las negociaciones que se estén llevando a cabo en cualquiera de los tratados que se pretenda firmar, para permitir un debate público abierto y crítico sobre la TTIP y el CETA.
b) NO a la privatización de la justicia: nos oponemos a cualquier mecanismos de solución de diferencias entre inversor y Estado que se desarrolle al margen del sistema judicial de cada Estado, y mantenemos con firmeza la soberanía de nuestras naciones para la toma de decisiones en la defensa y mejora del interés público y del bien común por encima de los intereses privados.
c) NO al Consejo de Cooperación Regulatoria: toda la regulación que pueda afectar a las operaciones comerciales y financieras, así como las que se refieren a las condiciones de producción y distribución deben estar en manos de órganos y procesos controlados democráticamente desde los Estados y nunca desde órganos supranacionales, para garantizar el interés público y el desarrollo sostenible de la economía local.
d) NO a la desregulación y a la rebaja de los estándares de protección: se debe garantizar la aplicación del principio de precaución, la contratación pública, las normas sociales y laborales, de los consumidores y de la salud pública, la protección del medio ambiente, incluyendo la regeneración de nuestros recursos naturales, el bienestar animal, las normas sanitarias de los alimentos y las prácticas agrícolas ambientalmente sostenibles, el acceso a la información, la cultura y la medicina, la regulación del mercado financiero, así como la protección de datos y otros derechos digitales deben ser competencia exclusiva de los Estados, y ninguna comisión o comité de ámbito supranacional debe decidir sobre ellos. Ni el reconocimiento mutuo de la normativa existente en los distintos Estados es aceptable en la medida en que es contraria al interés general.
e) No existe peor desregulación que la privatización de los servicios públicos. Defendemos el acceso universal a una educación de calidad, a la atención de la salud y otros servicios públicos como instrumentos para sostener la reproducción social de la vida, y una contratación pública que promueva el empleo local y las economías locales, la discriminación positiva, la integración social, la economía sostenible, el cuidado de las personas.
En este sentido hay que tener presente que los efectos de la privatización de los servicios públicos en diferentes ámbitos tienen un especial impacto en las condiciones de vida y de trabajo de los más débiles ( pobres, y en especial niños y mujeres).
f) La promoción de prácticas agrícolas sostenibles con el medio ambiente y la protección de la pequeña agricultura familiar.
g) Las instituciones públicas deben mantener el poder político y las estructuras necesarias para proteger ciertos sectores sensibles y salvaguardar las normas importantes para nuestra calidad de vida. Las normas laborales y ambientales internacionalmente acordadas deben ser respetadas. La violación continua de las normas del trabajo debe ser objeto de sanciones, y estas deben ser ejecutadas.
Finalmente defendemos la construcción de unas relaciones y políticas comerciales entre nuestros pueblos que pongan en primer lugar las personas y el planeta, garantizando:
- Los derechos humanos universales e inalienables de todas las personas, incluidos los derechos a una alimentación adecuada, agua, salud, derechos sexuales y reproductivos, integridad física y psíquica, ropa, vivienda, educación, protección social, movilidad, cultura, ocio y un medio ambiente limpio.
- Un trabajo decente, que permita a la gente vivir una vida digna, incluyendo una renta adecuada y los derechos laborales.
- El reconocimiento del trabajo reproductivo y del cuidado y de los trabajos informales de servicio a las personas y a la comunidad. Garantizar una redistribución equitativa y una reorganización socio-económica, de forma que no recaigan en exclusiva en las mujeres las tareas del bienestar cotidiano, así como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
- Una transición a una economía de bajas emisiones de carbono, que no se base en un consumo excesivo, sino en el uso social y ecológicamente responsable de los recursos, y que permita una vida digna sin poner en peligro el apoyo de otras personas, generaciones futuras, así como de la agricultura, de la flora y la fauna.
- Lograr una transparencia y participación ciudadana significativa en todos los niveles de toma de decisiones.
- La lucha contra la pobreza y el establecimiento de nuevas relaciones de solidaridad y equidad entre hombres y mujeres y con las personas de otras regiones y el respeto de los derechos de las personas refugiadas e inmigrantes.
ACTOS DE LA CAMPAÑA No al TTIP – Comarques de Castelló
Viernes 7 de octubre:
Plaza Maria Agustina, a las 12h.
Concentración:
POR EL TRABAJO DECENTE.
Lunes 10 de octubre:
Plaza Santa Clara, a las 18h.
Charla:
TTIP-CETA-TiSA, EFECTOS EN LAS PENSIONES
Jueves 13 de octubre:
MESA REDONDA: A las 12h en la Sala de Graus de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I. Conferencia: “Quien paga realmente los impuestos en España? Propuestas para una fiscalidad justa« con Jorge Amar Benet, de Attac España, Modesto Fabra Valls, Profesor de Drecho Financiero y Tributario, Vicente Budí Orduña- Director de IIDL-UJI. Modera: Gonzalo Pareja
Museu de Belles Arts, a las 19.30h:
Charla-coloquio,
“LA AMENAZA GLOBAL SOBRE EL ÁMBITO LOCAL»
Ponentes: Marina Albiol (Eurodiputada) y Xavi del Señor (Concejal).
Sábado 15 de octubre:
Plaza Sta. Clara, de 11 a 14h.:
Concentración con actividades lúdicas y batucada.
No al TTIP – Comarques de Castelló
