El informe de Stephane Horel, recientemente traducido al castellano, muestra cómo los lobbies de la industria química y de pesticidas están utilizando el TTIP como chantaje para seguir poniendo contaminantes hormonales (EDCs, en inglés) en sus productos.
El objetivo actual de los lobbies es retrasar la definición de criterios de los disruptores endocrinos, esperando a la posible entrada en vigor del TTIP, con el que no se prohibirían estos tóxicos en ningún producto: al no estar legislados en EEUU, su control en Europa sería considerado como una traba al libre comercio.
Para retrasar la definición de los criterios de los disruptores endocrinos, paso necesario para prohibirlos, multinacionales como Bayer, BASF o Syngenta convencieron a los Comisarios de la necesidad de realizar un estudio de impacto socio-económico. Para estas corporaciones, la prohibición de los EDCs supondría pérdidas; para la población europea, la presencia de EDCs en nuestros productos cuesta 157.000 millones de euros al año a los sistemas de salud por cuidado de enfermedades relacionadas, como cáncer de mama, tiroides, próstata, etc. Y este cálculo es conservador.
Durante varios años, la estrategia de los lobbies ha tenido éxito: El Parlamento Europeo dictaminó en 2009, que se debía retirar del mercado cualquier pesticida con efecto sobre el sistema endocrino. Para ello, se necesitaba una definición, unos criterios, de qué se considera disruptor endocrino. Estos criterios fueron elaborados por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión en 2013. Pero la estrategia industrial ha conseguido que, siete años más tarde, no exista regulación para los EDCs.
Según Horel “no es un problema de consumidores. Es un problema político. Es un problema institucional y democrático, desde el momento en que los políticos trabajan para los lobbies empresariales en lugar de para los ciudadanos”.
La falta de actuación de la Comisión ha sido tan exagerada que el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y cuatro países miembro (no, España no está entre ellos) han llevado el caso al Tribunal de Justicia Europeo. Según fallo del Tribunal este pasado diciembre (ver post), la Comisión, guardiana de los Tratados, ha violado la ley. Ante este fallo, el Comisario de Salud ha anunciado que acatan la sentencia pero… “seguirán haciendo lo que creen que deben hacer”.
Es importante que actuemos como CIUDADANOS para forzar a la Comisión que adopte los criterios de definición de los disruptores endocrinos. De no ser así, estos contaminantes pueden mantenerse en nuestros productos y nuestro entorno por lo menos otros 20 años más, ya que este tipo de decisiones son muy difíciles de modificar, una vez tomadas.
Por suerte, cada vez más medios de comunicación y partidos políticos están interesados en los EDCs. Como ejemplo, a la presentación del trabajo de Horel en Madrid vinieron miembros de Izquierda Unida, Podemos, Compromís, UPyD y mostraron interés en participar, y aunque finalmente no pudieron, miembros de PSOE y Ciudadanos. Ahora, necesitamos llevar el debate a la calle.
Descárgate el informe Un Asunto Tóxico
El informe de Stephane Horel, recientemente traducido al castellano, muestra cómo los lobbies de la industria química y de pesticidas están utilizando el TTIP como chantaje para seguir poniendo contaminantes hormonales (EDCs, en inglés) en sus productos.
El objetivo actual de los lobbies es retrasar la definición de criterios de los disruptores endocrinos, esperando a la posible entrada en vigor del TTIP, con el que no se prohibirían estos tóxicos en ningún producto: al no estar legislados en EEUU, su control en Europa sería considerado como una traba al libre comercio.
Para retrasar la definición de los criterios de los disruptores endocrinos, paso necesario para prohibirlos, multinacionales como Bayer, BASF o Syngenta convencieron a los Comisarios de la necesidad de realizar un estudio de impacto socio-económico. Para estas corporaciones, la prohibición de los EDCs supondría pérdidas; para la población europea, la presencia de EDCs en nuestros productos cuesta 157.000 millones de euros al año a los sistemas de salud por cuidado de enfermedades relacionadas, como cáncer de mama, tiroides, próstata, etc. Y este cálculo es conservador.
Durante varios años, la estrategia de los lobbies ha tenido éxito: El Parlamento Europeo dictaminó en 2009, que se debía retirar del mercado cualquier pesticida con efecto sobre el sistema endocrino. Para ello, se necesitaba una definición, unos criterios, de qué se considera disruptor endocrino. Estos criterios fueron elaborados por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión en 2013. Pero la estrategia industrial ha conseguido que, siete años más tarde, no exista regulación para los EDCs.
Según Horel “no es un problema de consumidores. Es un problema político. Es un problema institucional y democrático, desde el momento en que los políticos trabajan para los lobbies empresariales en lugar de para los ciudadanos”.
La falta de actuación de la Comisión ha sido tan exagerada que el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y cuatro países miembro (no, España no está entre ellos) han llevado el caso al Tribunal de Justicia Europeo. Según fallo del Tribunal este pasado diciembre (ver post), la Comisión, guardiana de los Tratados, ha violado la ley. Ante este fallo, el Comisario de Salud ha anunciado que acatan la sentencia pero… “seguirán haciendo lo que creen que deben hacer”.
Es importante que actuemos como CIUDADANOS para forzar a la Comisión que adopte los criterios de definición de los disruptores endocrinos. De no ser así, estos contaminantes pueden mantenerse en nuestros productos y nuestro entorno por lo menos otros 20 años más, ya que este tipo de decisiones son muy difíciles de modificar, una vez tomadas.
Por suerte, cada vez más medios de comunicación y partidos políticos están interesados en los EDCs. Como ejemplo, a la presentación del trabajo de Horel en Madrid vinieron miembros de Izquierda Unida, Podemos, Compromís, UPyD y mostraron interés en participar, y aunque finalmente no pudieron, miembros de PSOE y Ciudadanos. Ahora, necesitamos llevar el debate a la calle.
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