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4]El próximo mes de julio tendrá lugar en Bruselas la segunda ronda de negociaciones para la modernización del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE). Un tratado que poca gente conoce pero que afecta a nuestras vidas más de lo que pensamos.

Con motivo de esta reunión, el pasado nueve de junio la campaña estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión hemos entregado a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico una carta firmada por más de 200 organizaciones y representantes de la sociedad civil (académicas y académicos, juristas y figuras políticas a título individual) solicitando la salida del Estado español del TCE.

Esta carta permanecerá abierta durante todo el año con el objetivo de seguir sumando apoyos. Si quieres adherir tu firma, la de tu colectivo u organización, escríbenos un email a noalttip@gmail.com[/h4]

SOLICITAMOS LA SALIDA DE ESPAÑA DEL TRATADO SOBRE LA CARTA DE LA ENERGÍA

Las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y representantes políticos que suscribimos la presente carta nos dirigimos al Gobierno de España, como miembro de la Conferencia de la Carta de la Energía, para solicitarle la salida del Reino de España del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) ante la celebración de la segunda ronda de negociaciones para su modernización el próximo mes de junio en Bruselas.

En una situación de crisis climática y sanitaria, en la que se deberán tomar medidas legislativas extraordinarias, consideramos que el TCE constituye una grave amenaza para el interés público, debido a su incompatibilidad con el objetivo de limitar el incremento de la temperatura global en 1,5 ºC del Acuerdo de París sobre el clima, con las políticas necesarias para la transición energética justa y con otras medidas imprescindibles de políticas públicas. El TCE  pone en peligro los objetivos contenidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y  la propuesta de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

El TCE es un tratado multilateral de inversiones en el sector energético concebido a finales de los años 90 y ratificado actualmente por 53 países de Europa, Asia Central y Japón. Es un acuerdo extremadamente asimétrico, que otorga grandes privilegios a corporaciones e inversores del sector de la energía. El TCE contiene muchas normas, pero son las disposiciones que protegen las inversiones extranjeras en el sector energético─tales como las cláusulas de solución de conflictos inversor-Estado (ISDS)─ las especialmente preocupantes. Dichas disposiciones instauran unos tribunales de arbitraje privados, compuestos por tres abogados especializados en derecho comercial internacional, que funcionan al margen de los tribunales públicos existentes, en un proceso opaco por el que los inversores extranjeros pueden demandar a los Estados cuando éstos ejecutan medidas que afectan a sus intereses económicos, y reclamar por ello cifras desorbitadas de dinero público.

De este modo, El TCE está siendo utilizado ─y lo será cada vez más─ para cuestionar  aquellas medidas legislativas dirigidas a eliminar progresivamente las fuentes de energía fósil y nuclear. Será un obstáculo para priorizar la inversión en energías renovables y en eficiencia energética, para poner la producción de energía bajo el control público y para adoptar medidas que pongan fin a la pobreza energética.

En el actual contexto de emergencia climática, ecológica y social, podemos enumerar al menos cinco razones por las cuales el TCE supone un grave peligro:

1. El TCE pone en riesgo los presupuestos públicos y el dinero de los contribuyentes.

Ningún acuerdo de comercio e inversiones del mundo ha dado lugar a tantas demandas inversor-Estado como el TCE. En marzo de 2020, el número total de demandas ISDS conocidas interpuestas bajo este tratado había alcanzado la alarmante cifra de 129. A finales de 2019, los diferentes gobiernos ya habían sido condenados a pagar más de 52 mil millones de dólares, cantidad equivalente a la inversión anual necesaria para proporcionar acceso a la electricidad a personas que carecen de ella a escala mundial. El Reino de España es, a día de hoy, el más demandado bajo el TCE, acumulando un total de 47 denuncias, de las cuales, 16 ya se han resuelto a favor del inversor. Esto supone 1.046 millones de euros. Esta cifra equivale a casi 7 veces el presupuesto que España se ha comprometido a aportar al Fondo Verde de la ONU para apoyar acciones frente al cambio climático

2. El TCE protege las inversiones de combustibles fósiles, y se utiliza para cuestionar y socavar las imprescindibles medidas de acción climática y medioambiental.

Mientras que la descarbonización de los sistemas productivos y económicos es crucial para enfrentar la emergencia climática que amenaza la vida en el planeta tal y como la conocemos, las inversiones en el sector de la energía fósil (petróleo, gas, nuclear y carbón) se encuentran altamente protegidas bajo el TCE. Son numerosos los casos de demandas de inversores extranjeros a Estados signatarios del TCE por la adopción de medidas encaminadas a la acción climática y la protección ambiental. Desde la reciente amenaza de demanda millonaria de Uniper y RWE contra Holanda tras la aprobación de una ley para el cierre de las centrales de carbón para generación eléctrica en 2030, hasta la demanda de la multinacional sueca Vattenfall contra Alemania en 2009 por regular la protección de la calidad del agua y de la biodiversidad en una planta eléctrica de carbón por valor de 1.400 millones de euros. O la demanda de Rockhopper contra Italia en 2016 por la prohibición de nuevos proyectos de perforación de petróleo en sus costas por valor de 40-50 millones de dólares.

3. El TCE amenaza el impulso a las energías renovables.

Lograr un planeta libre de combustibles fósiles en el que la producción de energía esté basada en fuentes renovables es un gran desafío que requiere grandes cambios de regulaciones y leyes. Considerando el precedente de los casos anteriormente descritos, es previsible imaginar un escenario en el que la puesta en marcha del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) dé lugar a demandas millonarias contra Estados que legislan por la consecución de la neutralidad climática. En el caso de España, esto supondría un grave obstáculo en la transición energética de un país altamente vulnerable al cambio climático. Casi la mitad (22 de 47) de las demandas conocidas contra el Reino de España ─si bien basan sus casos en los recortes de las subvenciones a las energías renovables─ son de inversores con vínculos en la industria del gas, carbón, petróleo o energía nuclear. El TCE apenas está actuando como adalid de las pequeñas empresas y las renovables.

4. El TCE puede ser utilizado para combatir las medidas destinadas a hacer la energía asequible y a ponerla bajo control público.

Varios países de Europa del Este han sido demandados en virtud del TCE por haber aprobado medidas encaminadas a limitar los elevados beneficios de las compañías energéticas y a reducir los precios de la electricidad para los consumidores. Las disposiciones del TCE también pueden utilizarse contra las iniciativas dirigidas a poner la producción y los servicios energéticos bajo propiedad y control público y democrático, así como a revertir los efectos negativos de las fracasadas privatizaciones del sector energético. Esto resulta especialmente preocupante en el contexto de pobreza energética que sufren muchas familias en España. En 2018, el 15% de los hogares de nuestro país sufría temperaturas inadecuadas, se retrasaba en el pago de las facturas de energía o ambas cosas. Alrededor de 6,8 millones de personas sufrieron pobreza energética o estaban en riesgo de sufrirla. Según Eurostat, España es el cuarto país de la Unión Europea con el precio de la electricidad más elevado y, sin embargo, el salario medio de los hogares españoles está por debajo de la media de la UE.

5. El arbitraje entre inversores y Estados en el marco del TCE es contrario al Estado de Derecho y socava los sistemas jurídicos nacionales.

Contrariamente al principio de igualdad de acceso a la justicia, el TCE crea un sistema judicial paralelo a disposición exclusiva de algunos de los agentes sociales con mayor poder económico: los inversores extranjeros. Es sobradamente conocido que los árbitros privados que resuelven los conflictos inversor-Estado ganan sumas millonarias con estos casos, contando así con un importante incentivo para apoyar, independientemente de cuál sea el interés público, el fuerte auge de los litigios amparados por el TCE. Bajo este tratado, los árbitros gozan de un amplio poder a la hora de determinar la forma en que se interpretan las cláusulas contractuales en beneficio de los inversores, con enormes consecuencias sobre los presupuestos públicos. Asimismo, en contra de los principios básicos de independencia y publicidad que rigen en cualquier modelo de justicia propio de un sistema democrático, los arbitrajes del TCE son altamente secretos y esconden a menudo conflictos de intereses que atañen a los árbitros, vinculados frecuentemente a intereses empresariales.

Por otra parte, hasta la fecha solo cinco grandes bufetes han participado en el 46% de todas las demandas conocidas en virtud del TCE. Resulta inadmisible que despachos de abogados, árbitros de naturaleza privada e inversores obtengan ingresos astronómicos a costa de litigios contra Estados que afectan a intereses generales y dinero de los y las contribuyentes. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en  su sentencia de 2018 sobre el caso Achmea (Caso C-284/16), rechazó con claridad la cláusula de arbitraje de un acuerdo de inversión celebrado entre Estados miembros de la UE por resultar contrario al Derecho de la Unión.

Demandas de las organizaciones firmantes

En base a lo aquí explicado, y a la vista del inicio de la segunda ronda de negociación para la modernización del TCE durante el próximo mes de junio, las organizaciones firmantes de esta carta consideramos que, en su estado actual, es muy improbable que el proceso de modernización del TCE solucione los fallos descritos. Entre otras razones, el mandato de la UE para las negociaciones del TCE no prevé el fin de la protección de las inversiones en combustibles fósiles y energía nuclear, la exclusión de los arbitrajes de inversión ISDS u otras formas de solución de conflictos entre inversores y Estados ni la incorporación de objetivos coercitivos para hacer frente a la emergencia climática o la degradación medioambiental .

Mientras que la UE y España ya han declarado la emergencia climática y pretenden estar a la vanguardia de la acción por el clima, resulta incongruente permanecer en un tratado que protege las inversiones en combustibles fósiles.

En consecuencia, las organizaciones y sindicatos firmantes hacemos un llamamiento al Gobierno de España a:

  • Retirarse del TCE y plantear en el Consejo de la UE su derogación de manera conjunta. El artículo 47 del TCE prevé la retirada del Tratado en cualquier momento. Italia, por ejemplo, ya lo hizo en 2016. Es simplemente una cuestión de voluntad política.
  • No seguir con el actual proceso de modernización del TCE, ya que, por su limitado alcance y los conflictos de intereses involucrados, difícilmente podrá dar lugar a un tratado respetuoso con el clima y el medio ambiente.
  • Poner freno de inmediato al proceso de expansión geográfica del TCE y no permitir ninguna nueva adhesión al mismo en su estado actual.
  • Solicitar la eliminación de los mecanismos de resolución de conflictos inversor-Estado, ya sean el ISDS, el ICS, o el Tribunal Multilateral de Inversiones (MIC), tanto en el TCE como en otros acuerdos actuales y futuros.

Si quieres adherir tu firma, la de tu colectivo u organización, entra al formulario. 


Firmas de adhesión de organizaciones y miembros de la sociedad civil

  1. Abrir Brecha
  2. Acció Ecologista-Agró
  3. Africaye
  4. Aliança contra la Pobresa Energètica
  5. Aliança per l’Emergència Climàtica
  6. Alianza por el Clima
  7. AlterNativa – Intercanvi amb Pobles Indígenes
  8. Alternativa Republicana
  9. Amics de la Terra Mallorca
  10. Amigos de la Tierra
  11. Anticapitalistas
  12. ARBA (Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono)
  13. Asamblea de Vivienda de Usera (Madrid)
  14. ASIA-Associació Salut I Agroecología
  15. Asociación Actúa por un Mundo Sostenible
  16. Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza (A.N.A.)
  17. Asociación Conceyu pola Transición Xusta
  18. Asociación Cultural Plural Anitzak
  19. Asociación de Cultura Popular Alborada – Gallur
  20. Asociación de Permacultura ATTA
  21. Asociación de Usuarios de la Sanidad de Bizkaia. SUMENDI
  22. Asociación de vecinos Goya Dalí
  23. Asociación Educativa La Guiosfera
  24. Asociación EntrePueblos
  25. Asociación Kutembea na Tanzania
  26. Asociación Los Pies en la Tierra
  27. Asociación Otro Tiempo
  28. Asociación Mesa de la Ría de Huelva
  29. Asociación Picu Rabicu
  30. Asociación Plataforma Salvemos las Villuercas
  31. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) – Delegación de Sevilla
  32. Asociación Victimas de la Justicia
  33. Asociación Vuelta al Campo
  34. Associació de Dones La Frontissa
  35. Asturies pol Clima
  36. ATTAC España
  37. Attac País Valencia
  38. Avirueco
  39. Barbastro Animalista
  40. Birdindmurcia
  41. Biziz bizi
  42. Campanya Catalunya No als Tractats de Comerç i Inversió
  43. Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES Cooperativa)
  44. Cerna
  45. CGT Alacant
  46. CGT Huelva
  47. CGT Menorca
  48. CGT-LKN de Euskal Herria
  49. CIDES (Centro de Iniciativas y Desarrollo Sostenible)
  50. Climacció
  51. CNT Valencia
  52. Consumidores Construyendo Futuro
  53. Colectivo Feminista Las Tejedoras
  54. Colectivo Toma la Plaza 15M Alicante
  55. Collectiu Ecología i Pau
  56. Comisión Legal Sol
  57. Comisiones Obreras (CCOO)
  58. Confederación General del Trabajo (CGT)
  59. Confederación Intersindical
  60. Cooperacció
  61. Cooperativa El Poblet SCCL
  62. Cooperativa La Unió del Poblenou
  63. Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España
  64. Coordinadora de Pensionistas de Euskadi
  65. Coordinadora Ecoloxista d’Asturies
  66. Coordinadora ONGs Desarrollo de Canarias (CONGDCA)
  67. DES DE BAIX
  68. Dones Llibertàries de CGT
  69. Dones x Dones
  70. Eco Acción
  71. ECOAR Global
  72. ECOGEIN
  73. Ecoimpulso
  74. Ecologistas en Acción Andalucía
  75. Ecologistas en Acción Extremadura
  76. Ecologistas en Acción de la Sierra de Huelva
  77. Ecologistas en Acción de Sanlúcar
  78. Ecologistas en Acción El Puerto de Sta. María
  79. Ecologistas en Acción Valencia
  80. Ecologistas en Acción. Confederación estatal
  81. Ekologistak Martxan
  82. ELA Sindikatua
  83. EnergEtica coop.
  84. Energy Consulting Siglo XXI
  85. Enerofilms
  86. Enginyeria Sense Fronteres
  87. ESK Sindikatua
  88. Extinction Rebellion (España)
  89. Extinction Rebellion Málaga
  90. Federación española de Ingeniería Sin Fronteras
  91. Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM)
  92. Federación Servicios a la Ciudadanía FSC-CCOO
  93. Feministas por el Clima
  94. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (México)
  95. Fridays For Future Huesca
  96. Fridays For Future Madrid
  97. Fridays For Future Marchena
  98. Fundació Deixalles
  99. Fundación de los Comunes
  100. GOB Mallorca
  101. Goiener Elkartea
  102. GRAMA (Grupo de Acción para el Medio Ambiente)
  103. Greenpeace España
  104. Grup local de Barcelona de Somenergia
  105. Grupo de Estudios Africanos de la UAM (GEA-UAM)
  106. Gure Energia
  107. Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA)
  108. Instituto de Sostenibilidad Energética
  109. Intersindical de la Región Murciana
  110. Intersindical Valenciana
  111. La Garbancita Ecológica S. Coop. Mad. de Consumo Responsable Agroecológico
  112. LAB Sindikatua
  113. Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global
  114. Lavapiés ¿dónde vas?
  115. Les Agulles – Ecologistas en Acción
  116. Libertarias
  117. Madres por el Clima
  118. Madres por el Clima Asturias
  119. Madres por el Clima Cantabria
  120. Marea Pensionista Horta-Guinardó
  121. Marxa Mundial de les Dones-Catalunya
  122. Mikelazulo Kultur Elkartea
  123. Movimiento Ibérico Antinuclear
  124. No TTIP Tarragona-Reus
  125. Novact
  126. Observatori del Deute en la Globalització (ODG)
  127. Observatori DESC
  128. Observatorio de Multinacionales en América Latina – Paz con Dignidad
  129. Ongd AFRICANDO
  130. ONGDI Fondo Verde
  131. Pachakuti
  132. Perifèries
  133. Plataforma Antitérmica La Pereda
  134. Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda
  135. Plataforma Ciudadana para una Transición Ecológica Justa
  136. Plataforma Ciudadana Zaragoza sin Fractura -ZsF
  137. Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Barcelona
  138. Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel
  139. Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
  140. Plataforma Renta Básica
  141. Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica
  142. Politki Elkartea
  143. PROCÉS CONSTITUENT
  144. PUPA (Plataforma de Usuarios y Pacientes en Defensa de una Sanidad Pública Universal y de Calidad para Tod@s)
  145. REAS – Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria
  146. Recortes Cero
  147. Red de Apoyo Mutuo en respuesta a los Megaproyectos Energéticos
  148. Red de Mujeres por una Transición Energética Ecofeminista
  149. Red de ONGD de Madrid
  150. Red Ecofeminista
  151. Red Universidades cultivadas
  152. Revo Prosperidad Sostenible
  153. Ruralitzem
  154. Sanaconsciencia
  155. Sindicato co.bas comissió de base
  156. SOLABRIA Sociedad Cooperativa
  157. Solidaridad Internacional Andalucía
  158. Som Energia SCCL
  159. Som Mobilitat SCCL
  160. Stecyl
  161. STEILAS
  162. Surgencia Medio Ambiente y Dinámica de Grupos, S.L.
  163. Sukar Horia
  164. Terraferida
  165. TRADENER
  166. Trawunche Madrid (Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche)
  167. UGT
  168. Universidad Popular de Permacultura
  169. UPClima
  170. USOC-Mecalux.
  171. Verdegaia
  172. Volem Sencelles
  173. Xarxa per la sobirania energètica (Xse)
  174. Yayoflautas Madrid
  175. Adoración Guamán. Profesora de derecho en la Universitat de València
  176. Adrián Almazán. Investigador del Foro Transiciones
  177. Alberto Cabello Sánchez. Profesor en la Universidad de Extremadura
  178. Alberto Matarán Ruiz. Doctor Ambientólogo en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada
  179. Almudena Hernando. Profesora titular en el Departamento de Prehistoria, Facultad de Geografía e Historia, de la Universidad Complutense
  180. Ana Isabel Marrades. Profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de València
  181. Anna Pérez Catalá. Ambientóloga especializada en comunicación sobre cambio climático
  182. Arcadi Oliveres Boadella. Presidente de la Universtat Internacional de la Pau (UNIPAU)
  183. Ariel Jérez Novara. Profesor Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y delegado de Innovación y Sostenibilidad FCPS-UCM
  184. Armando Fernández Steinko. Profesor titular de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid
  185. Belén Martínez Madrid. Profesora titular del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid
  186. Carlos Sánchez Mato. Responsable de Políticas Económicas de IU y profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid
  187. Carlos Vázquez. Secretario de Area Externa del Comité Central  del PCE
  188. Carmen Castro García. Profesora de economía en la Universitat de València  y especialista en políticas de género
  189. Carmen Velayos Castelo. Profesora titular de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Salamanca
  190. Conchi Avellán Diputada del Parlament de Catalunya por Catalunya en Comú Podem
  191. Coral Ramírez Guerra. Miembro de la Coordinadora Federal de Més País Catalunya
  192. David Cid Colomer. Diputado del Parlament de Catalunya por  Catalunya en Comú Podem
  193. Dolores Póliz. Portavoz de EQUO Cantabria.
  194. Enrique Santiago Romero. Secretario General del Partido Comunista de España
  195. Ernest Urtasun, Eurodiputado de Catalunya En Comú
  196. Eva Aladro Vico. Profesora de la Universidad Complutense de Madrid
  197. Eva García Sempere. Coordinadora área de medio ambiente de IU y exdiputada
  198. Federico Demaria. Profesor de Economía Ecológica en la Universitat de Barcelona
  199. Fernando Luengo Escalonilla. Economista
  200. Gabriel Moreno Campo. Portavoz de EQUO Cantabria
  201. Gerardo Pisarello. Diputado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona
  202. Gorka Bueno Mendieta. Profesor titular de la Universidad UPV/EHU
  203. Iñaki Barcena Hinojal. Catedrático de Ciencia Política en Euskal Herriko Unibertsitatea
  204. Iria Vázquez Silva. Profesora de Sociología en la Universidad de Vigo
  205. Itsaxo Apraiz Larruzea. Doctora en Bioquímica
  206. Jéssica Álbiach. Presidenta de Catalunya en Comú Podem een el Parlament de Catalunya
  207. Joaquín Aparicio. Profesor Emérito Universidad Castilla-La Mancha
  208. Jorge Fonseca Castro. Catedrático Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid
  209. Jorge Riechmann. Profesor en la Universidad Autónoma de Madrid (Departamento de Filosofía) y Coordinador del Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Socioecológicas (GinTRANS2)
  210. José Albelda. Profesor de la Universidad Politécnica de Valencia
  211. José Carlos González Lorente. Responsable de Sostenibilidad en CCOO
  212. José Manuel Rodríguez Victoriano. Profesor de la Universidad de Valencia
  213. Joseba Azkarraga Etxagibel. Profesor e investigador en Euskal Herriko Unibertsitatea
  214. Juan Carlos Monedero. Profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid
  215. Juán Hernández Zubizarreta Profesor de la UPV/ EHU e investigador de OMAL
  216. Karmelo Garay Alarcia. Concejal por Unidas Podemos
  217. Lorena Ruiz-Huerta Garcia de Viedma. Abogada
  218. Lucas Ferro. Diputado del Parlament de Catalunya por Catalunya en Comú Podem
  219. Luis Rico García-Amado. Coordinador general de Ecologistas en Acción
  220. Mª Luisa Moltó Carbonell. Catedrática de Análisis Económico de la Universitat de València
  221. Manu Pineda. Eurodiputado de Izquierda Unida Unidas-Podemos
  222. Marc Parés Franzi. Diputado del Parlament de Catalunya por Catalunya en Comú Podem
  223. Marco Masetti. Doctor Arquitectura y Energia, La Salle, Universitat Ramon Llull
  224. Margarita Mediavilla Pascual. Profesora de la Escuela de Ingenierías Industriales y miembro del grupo de investigación en Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la de la Universidad de Valladolid
  225. María Eugenia Rodríguez Palop. Eurodiputada y profesora de Filosofía del derecho especializada en derechos humanos
  226. Marta Ribas Frías. Diputa del Parlament de Catalunya por Catalunya en Comú Podem
  227. Miguel Urbán Crespo. Eurodiputado
  228. Mikel Córdoba. Jurista y consultor en derechos humanos
  229. Niall Binns. Profesor titular de Literatura Hispanoamericana en la Universidad Complutense de Madrid
  230. Óscar Carpintero. Profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Valladolid
  231. Pablo Jiménez. Responsable en Tratados de Comercio e Inversión de IU (Izquierda Unida)
  232. Paco Segura. Coordinador general de Ecologistas en Acción
  233. Ramón del Buey Cañas. Profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Madrid
  234. Roberto Cantoni. Investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona
  235. Salvador González Santiago Responsable de movimientos sociales del PCE-EPK, ARABA
  236. Sira Rego. Eurodiputada
  237. Susana Segovia. Diputada del Parlament de Catalunya por Catalunya en Comú Podem
  238. Tomás R. Villasante. Profesor Honorífico de la Universidad Complutense de Madrid
  239. Xavier Pedrol Rovira. Profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Barcelona
  240. Yayo Herrero. Antropóloga, ingeniera, educadora social y activista ecofeminista
  241. Yolanda López. Diputada del Parlament de Catalunya por Catalunya en Comú Podem

 

 

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4]El próximo mes de julio tendrá lugar en Bruselas la segunda ronda de negociaciones para la modernización del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE). Un tratado que poca gente conoce pero que afecta a nuestras vidas más de lo que pensamos.

Con motivo de esta reunión, el pasado nueve de junio la campaña estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión hemos entregado a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico una carta firmada por más de 200 organizaciones y representantes de la sociedad civil (académicas y académicos, juristas y figuras políticas a título individual) solicitando la salida del Estado español del TCE.

Esta carta permanecerá abierta durante todo el año con el objetivo de seguir sumando apoyos. Si quieres adherir tu firma, la de tu colectivo u organización, escríbenos un email a noalttip@gmail.com[/h4]

SOLICITAMOS LA SALIDA DE ESPAÑA DEL TRATADO SOBRE LA CARTA DE LA ENERGÍA

Las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y representantes políticos que suscribimos la presente carta nos dirigimos al Gobierno de España, como miembro de la Conferencia de la Carta de la Energía, para solicitarle la salida del Reino de España del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) ante la celebración de la segunda ronda de negociaciones para su modernización el próximo mes de junio en Bruselas.

En una situación de crisis climática y sanitaria, en la que se deberán tomar medidas legislativas extraordinarias, consideramos que el TCE constituye una grave amenaza para el interés público, debido a su incompatibilidad con el objetivo de limitar el incremento de la temperatura global en 1,5 ºC del Acuerdo de París sobre el clima, con las políticas necesarias para la transición energética justa y con otras medidas imprescindibles de políticas públicas. El TCE  pone en peligro los objetivos contenidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y  la propuesta de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

El TCE es un tratado multilateral de inversiones en el sector energético concebido a finales de los años 90 y ratificado actualmente por 53 países de Europa, Asia Central y Japón. Es un acuerdo extremadamente asimétrico, que otorga grandes privilegios a corporaciones e inversores del sector de la energía. El TCE contiene muchas normas, pero son las disposiciones que protegen las inversiones extranjeras en el sector energético─tales como las cláusulas de solución de conflictos inversor-Estado (ISDS)─ las especialmente preocupantes. Dichas disposiciones instauran unos tribunales de arbitraje privados, compuestos por tres abogados especializados en derecho comercial internacional, que funcionan al margen de los tribunales públicos existentes, en un proceso opaco por el que los inversores extranjeros pueden demandar a los Estados cuando éstos ejecutan medidas que afectan a sus intereses económicos, y reclamar por ello cifras desorbitadas de dinero público.

De este modo, El TCE está siendo utilizado ─y lo será cada vez más─ para cuestionar  aquellas medidas legislativas dirigidas a eliminar progresivamente las fuentes de energía fósil y nuclear. Será un obstáculo para priorizar la inversión en energías renovables y en eficiencia energética, para poner la producción de energía bajo el control público y para adoptar medidas que pongan fin a la pobreza energética.

En el actual contexto de emergencia climática, ecológica y social, podemos enumerar al menos cinco razones por las cuales el TCE supone un grave peligro:

1. El TCE pone en riesgo los presupuestos públicos y el dinero de los contribuyentes.

Ningún acuerdo de comercio e inversiones del mundo ha dado lugar a tantas demandas inversor-Estado como el TCE. En marzo de 2020, el número total de demandas ISDS conocidas interpuestas bajo este tratado había alcanzado la alarmante cifra de 129. A finales de 2019, los diferentes gobiernos ya habían sido condenados a pagar más de 52 mil millones de dólares, cantidad equivalente a la inversión anual necesaria para proporcionar acceso a la electricidad a personas que carecen de ella a escala mundial. El Reino de España es, a día de hoy, el más demandado bajo el TCE, acumulando un total de 47 denuncias, de las cuales, 16 ya se han resuelto a favor del inversor. Esto supone 1.046 millones de euros. Esta cifra equivale a casi 7 veces el presupuesto que España se ha comprometido a aportar al Fondo Verde de la ONU para apoyar acciones frente al cambio climático

2. El TCE protege las inversiones de combustibles fósiles, y se utiliza para cuestionar y socavar las imprescindibles medidas de acción climática y medioambiental.

Mientras que la descarbonización de los sistemas productivos y económicos es crucial para enfrentar la emergencia climática que amenaza la vida en el planeta tal y como la conocemos, las inversiones en el sector de la energía fósil (petróleo, gas, nuclear y carbón) se encuentran altamente protegidas bajo el TCE. Son numerosos los casos de demandas de inversores extranjeros a Estados signatarios del TCE por la adopción de medidas encaminadas a la acción climática y la protección ambiental. Desde la reciente amenaza de demanda millonaria de Uniper y RWE contra Holanda tras la aprobación de una ley para el cierre de las centrales de carbón para generación eléctrica en 2030, hasta la demanda de la multinacional sueca Vattenfall contra Alemania en 2009 por regular la protección de la calidad del agua y de la biodiversidad en una planta eléctrica de carbón por valor de 1.400 millones de euros. O la demanda de Rockhopper contra Italia en 2016 por la prohibición de nuevos proyectos de perforación de petróleo en sus costas por valor de 40-50 millones de dólares.

3. El TCE amenaza el impulso a las energías renovables.

Lograr un planeta libre de combustibles fósiles en el que la producción de energía esté basada en fuentes renovables es un gran desafío que requiere grandes cambios de regulaciones y leyes. Considerando el precedente de los casos anteriormente descritos, es previsible imaginar un escenario en el que la puesta en marcha del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) dé lugar a demandas millonarias contra Estados que legislan por la consecución de la neutralidad climática. En el caso de España, esto supondría un grave obstáculo en la transición energética de un país altamente vulnerable al cambio climático. Casi la mitad (22 de 47) de las demandas conocidas contra el Reino de España ─si bien basan sus casos en los recortes de las subvenciones a las energías renovables─ son de inversores con vínculos en la industria del gas, carbón, petróleo o energía nuclear. El TCE apenas está actuando como adalid de las pequeñas empresas y las renovables.

4. El TCE puede ser utilizado para combatir las medidas destinadas a hacer la energía asequible y a ponerla bajo control público.

Varios países de Europa del Este han sido demandados en virtud del TCE por haber aprobado medidas encaminadas a limitar los elevados beneficios de las compañías energéticas y a reducir los precios de la electricidad para los consumidores. Las disposiciones del TCE también pueden utilizarse contra las iniciativas dirigidas a poner la producción y los servicios energéticos bajo propiedad y control público y democrático, así como a revertir los efectos negativos de las fracasadas privatizaciones del sector energético. Esto resulta especialmente preocupante en el contexto de pobreza energética que sufren muchas familias en España. En 2018, el 15% de los hogares de nuestro país sufría temperaturas inadecuadas, se retrasaba en el pago de las facturas de energía o ambas cosas. Alrededor de 6,8 millones de personas sufrieron pobreza energética o estaban en riesgo de sufrirla. Según Eurostat, España es el cuarto país de la Unión Europea con el precio de la electricidad más elevado y, sin embargo, el salario medio de los hogares españoles está por debajo de la media de la UE.

5. El arbitraje entre inversores y Estados en el marco del TCE es contrario al Estado de Derecho y socava los sistemas jurídicos nacionales.

Contrariamente al principio de igualdad de acceso a la justicia, el TCE crea un sistema judicial paralelo a disposición exclusiva de algunos de los agentes sociales con mayor poder económico: los inversores extranjeros. Es sobradamente conocido que los árbitros privados que resuelven los conflictos inversor-Estado ganan sumas millonarias con estos casos, contando así con un importante incentivo para apoyar, independientemente de cuál sea el interés público, el fuerte auge de los litigios amparados por el TCE. Bajo este tratado, los árbitros gozan de un amplio poder a la hora de determinar la forma en que se interpretan las cláusulas contractuales en beneficio de los inversores, con enormes consecuencias sobre los presupuestos públicos. Asimismo, en contra de los principios básicos de independencia y publicidad que rigen en cualquier modelo de justicia propio de un sistema democrático, los arbitrajes del TCE son altamente secretos y esconden a menudo conflictos de intereses que atañen a los árbitros, vinculados frecuentemente a intereses empresariales.

Por otra parte, hasta la fecha solo cinco grandes bufetes han participado en el 46% de todas las demandas conocidas en virtud del TCE. Resulta inadmisible que despachos de abogados, árbitros de naturaleza privada e inversores obtengan ingresos astronómicos a costa de litigios contra Estados que afectan a intereses generales y dinero de los y las contribuyentes. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en  su sentencia de 2018 sobre el caso Achmea (Caso C-284/16), rechazó con claridad la cláusula de arbitraje de un acuerdo de inversión celebrado entre Estados miembros de la UE por resultar contrario al Derecho de la Unión.

Demandas de las organizaciones firmantes

En base a lo aquí explicado, y a la vista del inicio de la segunda ronda de negociación para la modernización del TCE durante el próximo mes de junio, las organizaciones firmantes de esta carta consideramos que, en su estado actual, es muy improbable que el proceso de modernización del TCE solucione los fallos descritos. Entre otras razones, el mandato de la UE para las negociaciones del TCE no prevé el fin de la protección de las inversiones en combustibles fósiles y energía nuclear, la exclusión de los arbitrajes de inversión ISDS u otras formas de solución de conflictos entre inversores y Estados ni la incorporación de objetivos coercitivos para hacer frente a la emergencia climática o la degradación medioambiental .

Mientras que la UE y España ya han declarado la emergencia climática y pretenden estar a la vanguardia de la acción por el clima, resulta incongruente permanecer en un tratado que protege las inversiones en combustibles fósiles.

En consecuencia, las organizaciones y sindicatos firmantes hacemos un llamamiento al Gobierno de España a:

  • Retirarse del TCE y plantear en el Consejo de la UE su derogación de manera conjunta. El artículo 47 del TCE prevé la retirada del Tratado en cualquier momento. Italia, por ejemplo, ya lo hizo en 2016. Es simplemente una cuestión de voluntad política.
  • No seguir con el actual proceso de modernización del TCE, ya que, por su limitado alcance y los conflictos de intereses involucrados, difícilmente podrá dar lugar a un tratado respetuoso con el clima y el medio ambiente.
  • Poner freno de inmediato al proceso de expansión geográfica del TCE y no permitir ninguna nueva adhesión al mismo en su estado actual.
  • Solicitar la eliminación de los mecanismos de resolución de conflictos inversor-Estado, ya sean el ISDS, el ICS, o el Tribunal Multilateral de Inversiones (MIC), tanto en el TCE como en otros acuerdos actuales y futuros.

Si quieres adherir tu firma, la de tu colectivo u organización, entra al formulario. 


Firmas de adhesión de organizaciones y miembros de la sociedad civil

  1. Abrir Brecha
  2. Acció Ecologista-Agró
  3. Africaye
  4. Aliança contra la Pobresa Energètica
  5. Aliança per l’Emergència Climàtica
  6. Alianza por el Clima
  7. AlterNativa – Intercanvi amb Pobles Indígenes
  8. Alternativa Republicana
  9. Amics de la Terra Mallorca
  10. Amigos de la Tierra
  11. Anticapitalistas
  12. ARBA (Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono)
  13. Asamblea de Vivienda de Usera (Madrid)
  14. ASIA-Associació Salut I Agroecología
  15. Asociación Actúa por un Mundo Sostenible
  16. Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza (A.N.A.)
  17. Asociación Conceyu pola Transición Xusta
  18. Asociación Cultural Plural Anitzak
  19. Asociación de Cultura Popular Alborada – Gallur
  20. Asociación de Permacultura ATTA
  21. Asociación de Usuarios de la Sanidad de Bizkaia. SUMENDI
  22. Asociación de vecinos Goya Dalí
  23. Asociación Educativa La Guiosfera
  24. Asociación EntrePueblos
  25. Asociación Kutembea na Tanzania
  26. Asociación Los Pies en la Tierra
  27. Asociación Otro Tiempo
  28. Asociación Mesa de la Ría de Huelva
  29. Asociación Picu Rabicu
  30. Asociación Plataforma Salvemos las Villuercas
  31. Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) – Delegación de Sevilla
  32. Asociación Victimas de la Justicia
  33. Asociación Vuelta al Campo
  34. Associació de Dones La Frontissa
  35. Asturies pol Clima
  36. ATTAC España
  37. Attac País Valencia
  38. Avirueco
  39. Barbastro Animalista
  40. Birdindmurcia
  41. Biziz bizi
  42. Campanya Catalunya No als Tractats de Comerç i Inversió
  43. Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES Cooperativa)
  44. Cerna
  45. CGT Alacant
  46. CGT Huelva
  47. CGT Menorca
  48. CGT-LKN de Euskal Herria
  49. CIDES (Centro de Iniciativas y Desarrollo Sostenible)
  50. Climacció
  51. CNT Valencia
  52. Consumidores Construyendo Futuro
  53. Colectivo Feminista Las Tejedoras
  54. Colectivo Toma la Plaza 15M Alicante
  55. Collectiu Ecología i Pau
  56. Comisión Legal Sol
  57. Comisiones Obreras (CCOO)
  58. Confederación General del Trabajo (CGT)
  59. Confederación Intersindical
  60. Cooperacció
  61. Cooperativa El Poblet SCCL
  62. Cooperativa La Unió del Poblenou
  63. Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España
  64. Coordinadora de Pensionistas de Euskadi
  65. Coordinadora Ecoloxista d’Asturies
  66. Coordinadora ONGs Desarrollo de Canarias (CONGDCA)
  67. DES DE BAIX
  68. Dones Llibertàries de CGT
  69. Dones x Dones
  70. Eco Acción
  71. ECOAR Global
  72. ECOGEIN
  73. Ecoimpulso
  74. Ecologistas en Acción Andalucía
  75. Ecologistas en Acción Extremadura
  76. Ecologistas en Acción de la Sierra de Huelva
  77. Ecologistas en Acción de Sanlúcar
  78. Ecologistas en Acción El Puerto de Sta. María
  79. Ecologistas en Acción Valencia
  80. Ecologistas en Acción. Confederación estatal
  81. Ekologistak Martxan
  82. ELA Sindikatua
  83. EnergEtica coop.
  84. Energy Consulting Siglo XXI
  85. Enerofilms
  86. Enginyeria Sense Fronteres
  87. ESK Sindikatua
  88. Extinction Rebellion (España)
  89. Extinction Rebellion Málaga
  90. Federación española de Ingeniería Sin Fronteras
  91. Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM)
  92. Federación Servicios a la Ciudadanía FSC-CCOO
  93. Feministas por el Clima
  94. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (México)
  95. Fridays For Future Huesca
  96. Fridays For Future Madrid
  97. Fridays For Future Marchena
  98. Fundació Deixalles
  99. Fundación de los Comunes
  100. GOB Mallorca
  101. Goiener Elkartea
  102. GRAMA (Grupo de Acción para el Medio Ambiente)
  103. Greenpeace España
  104. Grup local de Barcelona de Somenergia
  105. Grupo de Estudios Africanos de la UAM (GEA-UAM)
  106. Gure Energia
  107. Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA)
  108. Instituto de Sostenibilidad Energética
  109. Intersindical de la Región Murciana
  110. Intersindical Valenciana
  111. La Garbancita Ecológica S. Coop. Mad. de Consumo Responsable Agroecológico
  112. LAB Sindikatua
  113. Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global
  114. Lavapiés ¿dónde vas?
  115. Les Agulles – Ecologistas en Acción
  116. Libertarias
  117. Madres por el Clima
  118. Madres por el Clima Asturias
  119. Madres por el Clima Cantabria
  120. Marea Pensionista Horta-Guinardó
  121. Marxa Mundial de les Dones-Catalunya
  122. Mikelazulo Kultur Elkartea
  123. Movimiento Ibérico Antinuclear
  124. No TTIP Tarragona-Reus
  125. Novact
  126. Observatori del Deute en la Globalització (ODG)
  127. Observatori DESC
  128. Observatorio de Multinacionales en América Latina – Paz con Dignidad
  129. Ongd AFRICANDO
  130. ONGDI Fondo Verde
  131. Pachakuti
  132. Perifèries
  133. Plataforma Antitérmica La Pereda
  134. Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda
  135. Plataforma Ciudadana para una Transición Ecológica Justa
  136. Plataforma Ciudadana Zaragoza sin Fractura -ZsF
  137. Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Barcelona
  138. Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel
  139. Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
  140. Plataforma Renta Básica
  141. Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica
  142. Politki Elkartea
  143. PROCÉS CONSTITUENT
  144. PUPA (Plataforma de Usuarios y Pacientes en Defensa de una Sanidad Pública Universal y de Calidad para Tod@s)
  145. REAS – Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria
  146. Recortes Cero
  147. Red de Apoyo Mutuo en respuesta a los Megaproyectos Energéticos
  148. Red de Mujeres por una Transición Energética Ecofeminista
  149. Red de ONGD de Madrid
  150. Red Ecofeminista
  151. Red Universidades cultivadas
  152. Revo Prosperidad Sostenible
  153. Ruralitzem
  154. Sanaconsciencia
  155. Sindicato co.bas comissió de base
  156. SOLABRIA Sociedad Cooperativa
  157. Solidaridad Internacional Andalucía
  158. Som Energia SCCL
  159. Som Mobilitat SCCL
  160. Stecyl
  161. STEILAS
  162. Surgencia Medio Ambiente y Dinámica de Grupos, S.L.
  163. Sukar Horia
  164. Terraferida
  165. TRADENER
  166. Trawunche Madrid (Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche)
  167. UGT
  168. Universidad Popular de Permacultura
  169. UPClima
  170. USOC-Mecalux.
  171. Verdegaia
  172. Volem Sencelles
  173. Xarxa per la sobirania energètica (Xse)
  174. Yayoflautas Madrid
  175. Adoración Guamán. Profesora de derecho en la Universitat de València
  176. Adrián Almazán. Investigador del Foro Transiciones
  177. Alberto Cabello Sánchez. Profesor en la Universidad de Extremadura
  178. Alberto Matarán Ruiz. Doctor Ambientólogo en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada
  179. Almudena Hernando. Profesora titular en el Departamento de Prehistoria, Facultad de Geografía e Historia, de la Universidad Complutense
  180. Ana Isabel Marrades. Profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de València
  181. Anna Pérez Catalá. Ambientóloga especializada en comunicación sobre cambio climático
  182. Arcadi Oliveres Boadella. Presidente de la Universtat Internacional de la Pau (UNIPAU)
  183. Ariel Jérez Novara. Profesor Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y delegado de Innovación y Sostenibilidad FCPS-UCM
  184. Armando Fernández Steinko. Profesor titular de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid
  185. Belén Martínez Madrid. Profesora titular del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid
  186. Carlos Sánchez Mato. Responsable de Políticas Económicas de IU y profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid
  187. Carlos Vázquez. Secretario de Area Externa del Comité Central  del PCE
  188. Carmen Castro García. Profesora de economía en la Universitat de València  y especialista en políticas de género
  189. Carmen Velayos Castelo. Profesora titular de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Salamanca
  190. Conchi Avellán Diputada del Parlament de Catalunya por Catalunya en Comú Podem
  191. Coral Ramírez Guerra. Miembro de la Coordinadora Federal de Més País Catalunya
  192. David Cid Colomer. Diputado del Parlament de Catalunya por  Catalunya en Comú Podem
  193. Dolores Póliz. Portavoz de EQUO Cantabria.
  194. Enrique Santiago Romero. Secretario General del Partido Comunista de España
  195. Ernest Urtasun, Eurodiputado de Catalunya En Comú
  196. Eva Aladro Vico. Profesora de la Universidad Complutense de Madrid
  197. Eva García Sempere. Coordinadora área de medio ambiente de IU y exdiputada
  198. Federico Demaria. Profesor de Economía Ecológica en la Universitat de Barcelona
  199. Fernando Luengo Escalonilla. Economista
  200. Gabriel Moreno Campo. Portavoz de EQUO Cantabria
  201. Gerardo Pisarello. Diputado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona
  202. Gorka Bueno Mendieta. Profesor titular de la Universidad UPV/EHU
  203. Iñaki Barcena Hinojal. Catedrático de Ciencia Política en Euskal Herriko Unibertsitatea
  204. Iria Vázquez Silva. Profesora de Sociología en la Universidad de Vigo
  205. Itsaxo Apraiz Larruzea. Doctora en Bioquímica
  206. Jéssica Álbiach. Presidenta de Catalunya en Comú Podem een el Parlament de Catalunya
  207. Joaquín Aparicio. Profesor Emérito Universidad Castilla-La Mancha
  208. Jorge Fonseca Castro. Catedrático Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid
  209. Jorge Riechmann. Profesor en la Universidad Autónoma de Madrid (Departamento de Filosofía) y Coordinador del Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Socioecológicas (GinTRANS2)
  210. José Albelda. Profesor de la Universidad Politécnica de Valencia
  211. José Carlos González Lorente. Responsable de Sostenibilidad en CCOO
  212. José Manuel Rodríguez Victoriano. Profesor de la Universidad de Valencia
  213. Joseba Azkarraga Etxagibel. Profesor e investigador en Euskal Herriko Unibertsitatea
  214. Juan Carlos Monedero. Profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid
  215. Juán Hernández Zubizarreta Profesor de la UPV/ EHU e investigador de OMAL
  216. Karmelo Garay Alarcia. Concejal por Unidas Podemos
  217. Lorena Ruiz-Huerta Garcia de Viedma. Abogada
  218. Lucas Ferro. Diputado del Parlament de Catalunya por Catalunya en Comú Podem
  219. Luis Rico García-Amado. Coordinador general de Ecologistas en Acción
  220. Mª Luisa Moltó Carbonell. Catedrática de Análisis Económico de la Universitat de València
  221. Manu Pineda. Eurodiputado de Izquierda Unida Unidas-Podemos
  222. Marc Parés Franzi. Diputado del Parlament de Catalunya por Catalunya en Comú Podem
  223. Marco Masetti. Doctor Arquitectura y Energia, La Salle, Universitat Ramon Llull
  224. Margarita Mediavilla Pascual. Profesora de la Escuela de Ingenierías Industriales y miembro del grupo de investigación en Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la de la Universidad de Valladolid
  225. María Eugenia Rodríguez Palop. Eurodiputada y profesora de Filosofía del derecho especializada en derechos humanos
  226. Marta Ribas Frías. Diputa del Parlament de Catalunya por Catalunya en Comú Podem
  227. Miguel Urbán Crespo. Eurodiputado
  228. Mikel Córdoba. Jurista y consultor en derechos humanos
  229. Niall Binns. Profesor titular de Literatura Hispanoamericana en la Universidad Complutense de Madrid
  230. Óscar Carpintero. Profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Valladolid
  231. Pablo Jiménez. Responsable en Tratados de Comercio e Inversión de IU (Izquierda Unida)
  232. Paco Segura. Coordinador general de Ecologistas en Acción
  233. Ramón del Buey Cañas. Profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Madrid
  234. Roberto Cantoni. Investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona
  235. Salvador González Santiago Responsable de movimientos sociales del PCE-EPK, ARABA
  236. Sira Rego. Eurodiputada
  237. Susana Segovia. Diputada del Parlament de Catalunya por Catalunya en Comú Podem
  238. Tomás R. Villasante. Profesor Honorífico de la Universidad Complutense de Madrid
  239. Xavier Pedrol Rovira. Profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Barcelona
  240. Yayo Herrero. Antropóloga, ingeniera, educadora social y activista ecofeminista
  241. Yolanda López. Diputada del Parlament de Catalunya por Catalunya en Comú Podem