Una nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética está a punto de ver la luz en el Estado español. Su objetivo es limitar el aumento de la temperatura global por encima de 1,5ºC y alcanzar los compromisos climáticos adoptados por el Gobierno en el Acuerdo de París. Uno de los mayores retos a los que la humanidad se ha enfrentado.
En 2018, la comunidad científica alertó de que solo quedaban 11 años para actuar y que al menos el 80% de las reservas conocidas de combustibles fósiles -petróleo, carbón y gas- debían permanecer bajo tierra para evitar las peores consecuencias de la crisis climática. Sin embargo, mientras se legisla para facilitar la transición energética el TCE podría echarlo todo a perder.
Este tratado protege las inversiones en todas las fuentes de energía a lo largo de la cadena de producción: minas, campos de petróleo y gas, oleoductos, refinerías, centrales eléctricas y energía renovables. Lo que se traduce en que los Estados que forman parte del TCE están atados de pies y manos a los combustibles fósiles. Gracias al mecanismo ISDS, multinacionales e inversores extranjeros cuentan con un arma muy poderosa para extorsionar a los Estados y mantener sus beneficios por encima del interés general.
Los Gobiernos decididos a implementar cambios legislativos para frenar la crisis climática o proteger el medio ambiente pueden verse obligados a pagar indemnizaciones millonarias a multinacionales e inversores extranjeros. Hablamos de medidas como eliminar el carbón, prohibir la energía nuclear, elevar los estándares de calidad del agua en ríos para proteger la flora y fauna o solicitar estudios de impacto ambiental a las empresas. Es lo que le ha ocurrido a Eslovenia e Italia por medidas para proteger el planeta y la ciudadanía.
Pero los peligros del TCE no acaban aquí. La simple amenaza de demanda bajo este tratado puede disuadir a los gobiernos a la hora de llevar a cabo legislaciones ambiciosas en materia climática y ambiental. Es lo que sucedió en Francia, que rebajó los objetivos de una ley para eliminar el carbón, o lo que le podría pasar a Holanda si cede a las presiones de la industria fósil.
Nunca podremos conocer el número de leyes y medidas imprescindibles que se han quedado en un cajón a causa de este tratado. Tampoco podemos predecir qué medidas de los Gobiernos podrían desencadenar nuevas demandas. El TCE es un cheque en blanco para las multinacionales e inversores y un freno a la transición energética que dispara su coste debido a las demandas que origina. Un coste que, además, compromete las arcas públicas y endeuda a la ciudadanía. La falta de coherencia entre políticas, especialmente las climáticas y comerciales, podría sacrificarlo todo. No podemos permitir que un tratado obsoleto defina el futuro de nuestro planeta.
Proteger los recursos naturales puede salir muy caro: Ascent Resources contra Eslovenia
En septiembre de 2020 la compañía británica Ascent Resources inició acciones legales contra Eslovenia cuando el Gobierno adoptó medidas para proteger las aguas subterráneas de los posibles impactos de la fractura hidráulica o fracking. La demanda se interpuso después de que el organismo esloveno de Medio Ambiente solicitara a la empresa una evaluación de impacto ambiental para iniciar las actividades. Ascent Resources podría exigir más de 50 millones de euros a Eslovenia en concepto de daños bajo el TCE.
La amenaza fantasma: Vermilion Energy contra el gobierno de Francia
En 2017, Francia anunció un proyecto de ley para prohibir la extracción de combustibles fósiles a partir de 2040 y limitar la renovación de permisos de explotación. Ese año la compañía canadiense Vermillion amenazó con demandar a Francia bajo el TCE por el cese de sus ingresos económicos. La amenaza de una demanda millonaria surtió efecto y los objetivos de la ley francesa fueron rebajados. Hoy en día los permisos de explotación se pueden renovar hasta 2040, e incluso después bajo determinadas condiciones.
Un tratado que te persigue como un zombi: Rockhopper contra Italia
En 2016, el gobierno italiano prohibió nuevas exploraciones de petróleo y gas en sus costas. La multinacional británica Rockhopper Exploration demandó a Italia cuando le fue denegado el permiso para la construcción de una plataforma petrolífera. Reclama 350 millones de euros, siete veces más la cifra de su inversión inicial. Lo más terrible es que Italia abandonó el TCE un año antes de recibir la demanda, pero la cláusula zombi del Tratado permite que los países sean demandados durante 20 años más después de que lo hayan abandonado.
La descarbonización se convierte en papel mojado: Uniper contra Holanda
En septiembre de 2019 el gobierno holandés anunció un plan para prohibir la generación de energía a partir de carbón en 2030, una medida encaminada a lograr los objetivos climáticos del Acuerdo de París. En mayo de 2020 la energética alemana Uniper amenazó con utilizar el TCE y reclamar hasta 1000 millones de euros por el cierre de una de sus centrales de carbón. Si Uniper interpone una demanda contra Holanda y la gana, sentaría un precedente para truncar los planes de transición energética de muchos países.
Fuente: Marta García Pallarés y Clàudia Custodio en El Salto.
Ilustración: Carmen Casado (holasoyka).
Este artículo forma parte de un suplemento especial dedicado al Tratado sobre la Carta de la Energía elaborado por la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg, Oficina de Enlace, Madrid.
Una nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética está a punto de ver la luz en el Estado español. Su objetivo es limitar el aumento de la temperatura global por encima de 1,5ºC y alcanzar los compromisos climáticos adoptados por el Gobierno en el Acuerdo de París. Uno de los mayores retos a los que la humanidad se ha enfrentado.
En 2018, la comunidad científica alertó de que solo quedaban 11 años para actuar y que al menos el 80% de las reservas conocidas de combustibles fósiles -petróleo, carbón y gas- debían permanecer bajo tierra para evitar las peores consecuencias de la crisis climática. Sin embargo, mientras se legisla para facilitar la transición energética el TCE podría echarlo todo a perder.
Este tratado protege las inversiones en todas las fuentes de energía a lo largo de la cadena de producción: minas, campos de petróleo y gas, oleoductos, refinerías, centrales eléctricas y energía renovables. Lo que se traduce en que los Estados que forman parte del TCE están atados de pies y manos a los combustibles fósiles. Gracias al mecanismo ISDS, multinacionales e inversores extranjeros cuentan con un arma muy poderosa para extorsionar a los Estados y mantener sus beneficios por encima del interés general.
Los Gobiernos decididos a implementar cambios legislativos para frenar la crisis climática o proteger el medio ambiente pueden verse obligados a pagar indemnizaciones millonarias a multinacionales e inversores extranjeros. Hablamos de medidas como eliminar el carbón, prohibir la energía nuclear, elevar los estándares de calidad del agua en ríos para proteger la flora y fauna o solicitar estudios de impacto ambiental a las empresas. Es lo que le ha ocurrido a Eslovenia e Italia por medidas para proteger el planeta y la ciudadanía.
Pero los peligros del TCE no acaban aquí. La simple amenaza de demanda bajo este tratado puede disuadir a los gobiernos a la hora de llevar a cabo legislaciones ambiciosas en materia climática y ambiental. Es lo que sucedió en Francia, que rebajó los objetivos de una ley para eliminar el carbón, o lo que le podría pasar a Holanda si cede a las presiones de la industria fósil.
Nunca podremos conocer el número de leyes y medidas imprescindibles que se han quedado en un cajón a causa de este tratado. Tampoco podemos predecir qué medidas de los Gobiernos podrían desencadenar nuevas demandas. El TCE es un cheque en blanco para las multinacionales e inversores y un freno a la transición energética que dispara su coste debido a las demandas que origina. Un coste que, además, compromete las arcas públicas y endeuda a la ciudadanía. La falta de coherencia entre políticas, especialmente las climáticas y comerciales, podría sacrificarlo todo. No podemos permitir que un tratado obsoleto defina el futuro de nuestro planeta.
Proteger los recursos naturales puede salir muy caro: Ascent Resources contra Eslovenia
En septiembre de 2020 la compañía británica Ascent Resources inició acciones legales contra Eslovenia cuando el Gobierno adoptó medidas para proteger las aguas subterráneas de los posibles impactos de la fractura hidráulica o fracking. La demanda se interpuso después de que el organismo esloveno de Medio Ambiente solicitara a la empresa una evaluación de impacto ambiental para iniciar las actividades. Ascent Resources podría exigir más de 50 millones de euros a Eslovenia en concepto de daños bajo el TCE.
La amenaza fantasma: Vermilion Energy contra el gobierno de Francia
En 2017, Francia anunció un proyecto de ley para prohibir la extracción de combustibles fósiles a partir de 2040 y limitar la renovación de permisos de explotación. Ese año la compañía canadiense Vermillion amenazó con demandar a Francia bajo el TCE por el cese de sus ingresos económicos. La amenaza de una demanda millonaria surtió efecto y los objetivos de la ley francesa fueron rebajados. Hoy en día los permisos de explotación se pueden renovar hasta 2040, e incluso después bajo determinadas condiciones.
Un tratado que te persigue como un zombi: Rockhopper contra Italia
En 2016, el gobierno italiano prohibió nuevas exploraciones de petróleo y gas en sus costas. La multinacional británica Rockhopper Exploration demandó a Italia cuando le fue denegado el permiso para la construcción de una plataforma petrolífera. Reclama 350 millones de euros, siete veces más la cifra de su inversión inicial. Lo más terrible es que Italia abandonó el TCE un año antes de recibir la demanda, pero la cláusula zombi del Tratado permite que los países sean demandados durante 20 años más después de que lo hayan abandonado.
La descarbonización se convierte en papel mojado: Uniper contra Holanda
En septiembre de 2019 el gobierno holandés anunció un plan para prohibir la generación de energía a partir de carbón en 2030, una medida encaminada a lograr los objetivos climáticos del Acuerdo de París. En mayo de 2020 la energética alemana Uniper amenazó con utilizar el TCE y reclamar hasta 1000 millones de euros por el cierre de una de sus centrales de carbón. Si Uniper interpone una demanda contra Holanda y la gana, sentaría un precedente para truncar los planes de transición energética de muchos países.
Fuente: Marta García Pallarés y Clàudia Custodio en El Salto.
Ilustración: Carmen Casado (holasoyka).
Este artículo forma parte de un suplemento especial dedicado al Tratado sobre la Carta de la Energía elaborado por la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg, Oficina de Enlace, Madrid.
