Una información filtrada a las organizaciones firmantes sobre una propuesta de la Comisión Europea (CE), demuestra una vez más lo antidemocrática que puede ser la política comercial de la Unión Europea (UE). De hecho, la CE propone dividir el Acuerdo Global UE-México en tres partes: Política y Cooperación; Acuerdo de inversión; y Acuerdo Comercial. La división del Acuerdo permitirá una ratificación más rápida y menos democrática: los parlamentos de los Estados Miembro ya no serán consultados sobre la aprobación de la parte comercial del Acuerdo.

El Acuerdo comercial sería ratificado exclusivamente por el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, y solo se consultaría a los parlamentos de los Estados Miembros sobre la ratificación de las otras dos partes. La parte comercial ha sido particularmente criticada por los impactos sociales y ambientales negativos, y los efectos económicos adversos como el aumento de las desigualdades. Al dejar de lado a los parlamentos nacionales, la UE da un paso más hacia un sistema de toma de decisiones poco transparente y antidemocrático en un campo político muy controvertido.

Fuentes internas aseguran que, según la Comisión, esto es consecuencia del proceso de revisión legal del Acuerdo, que ha sido objeto de una renegociación concluida en abril de 2020, en plena pandemia. La Comisión también arguye que esta propuesta está en línea con la decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre el Acuerdo de Singapur de 2017.

Hasta el momento el gobierno mexicano se opone a la idea de dividir el Acuerdo, temiendo probablemente que después de la aprobación del capítulo de libre comercio -que beneficia principalmente a las empresas transnacionales europeas-, las otras dos partes puedan quedar en el limbo por un tiempo, especialmente aquella relacionada a la cooperación. Sin embargo, la nueva maniobra de la Comisión demuestra una tendencia creciente de la UE a evitar que los parlamentos de los Estados Miembros tengan voz. También implicaría, con toda probabilidad, que el Acuerdo UE-Mercosur, que actualmente se encuentra en proceso de revisión legal, evolucione de la misma manera.

Jeremy Oestreich encargado de política comercial en la organización alemana PowerShift afirma que “un número creciente de personas es consciente de los efectos negativos que implica una mayor liberalización del comercio. Los acuerdos comerciales planificados entre la UE y México y el Mercosur han sido criticados por ser completamente contradictorios con nuestros objetivos climáticos y muchas otras políticas de sostenibilidad. Pero a pesar de los polémicos debates en curso, la UE simplemente margina la participación democrática en su política comercial para poder continuar con su agenda.“

Mónica Vargas, investigadora en el Transnational Institute sostiene que “los impactos de los acuerdos de libre comercio y de protección de inversiones ya han generado consecuencias devastadoras en México, como concluyó la Caravana de Observación Internacional sobre los impactos sociales y ambientales de las empresas transnacionales y el libre comercio en 2019. El Acuerdo modernizado UE-México también es preocupante porque sería el primero firmado entre la UE y un país latinoamericano que incluya un capítulo sobre la protección de las inversiones. Esto implica otorgar a las empresas transnacionales el derecho exclusivo de impugnar las decisiones democráticas de los Estados, por ejemplo, cuestionando legislaciones de interés público.”

Imagen: Padre Rubén García Muñoz, defensor del medio ambiente en la Cuenca del Río Atoyac (México), que falleció por causas vinculadas a la contaminación del río en 2020. Además, acompañó el proceso de la Caravana Internacional sobre los impactos del libre comercio y las transnacionales en México en 2019. 

Autor de la imagen: Martín Álvarez Mullaly (OpSur)

 

Organizaciones firmantes:

  • Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (ABL)
  • Attac Germany
  • Ecologistas en Acción
  • Forum Umwelt und Entwicklung
  • PowerShift e.V.
  • Seattle-to-Brussels Network (S2B)
  • Transnational Institute (TNI)

 

Contexto

Hace veintisiete años, México firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el más agresivo del mundo, con Canadá y Estados Unidos. Después, en el año 2000, firmó un acuerdo similar con la Unión Europea, que ha estado en proceso de modernización entre 2016 y 2020. Durante años, los movimientos sociales mexicanos e internacionales han denunciado los impactos de este tipo de acuerdos, en una amplia gama de sectores y, en particular, en lo que concierne a las dramáticas consecuencias de la liberalización sobre los derechos humanos y el medio ambiente.

Los efectos económicos positivos del Acuerdo UE-México han sido hasta ahora insignificantes para México. En general, el desempleo ha aumentado entre 2000 y 2018 del 2,8% al 3,6% y los niveles de vida no han variado. La evaluación de sostenibilidad de la UE de 2019 estima que la entrada en vigor del Acuerdo modernizado, en el mejor escenario únicamente daría lugar a 90.000 puestos de trabajo adicionales en México (0,16%) hasta 2028, mientras que los puestos de trabajo perdidos ni siquiera se contabilizan.

La modernización del Acuerdo prevé la apertura de los mercados agrícolas mexicanos para productos europeos como la carne, la leche y el azúcar. Se espera que las exportaciones de azúcar de la UE aumenten en un 1200% a pesar de que México es uno de los principales productores de azúcar del mundo. Por otro lado, Europa abrirá sus mercados para el pollo y las aves de corral de México y ambas partes acordaron reducir los controles para facilitar el comercio.

La modernización también prevé una extracción más fácil de los recursos naturales en México, así como una reducción de las restricciones a las importaciones de gas y petróleo hacia la UE. En general, el Acuerdo haría más rentables las operaciones económicas basadas en la destrucción del medio ambiente, con un alto impacto climático.

Además de que los poderes de los inversores se incrementarán mediante el acceso exclusivo a un sistema legal privado (el sistema de tribunales de inversiones – ICS), los inversores europeos también obtendrían un mejor acceso al mercado mexicano de contratación pública.

Tal y como es el caso de la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, un número creciente de organizaciones de la sociedad civil, tanto en Europa como en México se opone a la ratificación del Acuerdo.

 

Más información:

Una información filtrada a las organizaciones firmantes sobre una propuesta de la Comisión Europea (CE), demuestra una vez más lo antidemocrática que puede ser la política comercial de la Unión Europea (UE). De hecho, la CE propone dividir el Acuerdo Global UE-México en tres partes: Política y Cooperación; Acuerdo de inversión; y Acuerdo Comercial. La división del Acuerdo permitirá una ratificación más rápida y menos democrática: los parlamentos de los Estados Miembro ya no serán consultados sobre la aprobación de la parte comercial del Acuerdo.

El Acuerdo comercial sería ratificado exclusivamente por el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, y solo se consultaría a los parlamentos de los Estados Miembros sobre la ratificación de las otras dos partes. La parte comercial ha sido particularmente criticada por los impactos sociales y ambientales negativos, y los efectos económicos adversos como el aumento de las desigualdades. Al dejar de lado a los parlamentos nacionales, la UE da un paso más hacia un sistema de toma de decisiones poco transparente y antidemocrático en un campo político muy controvertido.

Fuentes internas aseguran que, según la Comisión, esto es consecuencia del proceso de revisión legal del Acuerdo, que ha sido objeto de una renegociación concluida en abril de 2020, en plena pandemia. La Comisión también arguye que esta propuesta está en línea con la decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre el Acuerdo de Singapur de 2017.

Hasta el momento el gobierno mexicano se opone a la idea de dividir el Acuerdo, temiendo probablemente que después de la aprobación del capítulo de libre comercio -que beneficia principalmente a las empresas transnacionales europeas-, las otras dos partes puedan quedar en el limbo por un tiempo, especialmente aquella relacionada a la cooperación. Sin embargo, la nueva maniobra de la Comisión demuestra una tendencia creciente de la UE a evitar que los parlamentos de los Estados Miembros tengan voz. También implicaría, con toda probabilidad, que el Acuerdo UE-Mercosur, que actualmente se encuentra en proceso de revisión legal, evolucione de la misma manera.

Jeremy Oestreich encargado de política comercial en la organización alemana PowerShift afirma que “un número creciente de personas es consciente de los efectos negativos que implica una mayor liberalización del comercio. Los acuerdos comerciales planificados entre la UE y México y el Mercosur han sido criticados por ser completamente contradictorios con nuestros objetivos climáticos y muchas otras políticas de sostenibilidad. Pero a pesar de los polémicos debates en curso, la UE simplemente margina la participación democrática en su política comercial para poder continuar con su agenda.“

Mónica Vargas, investigadora en el Transnational Institute sostiene que “los impactos de los acuerdos de libre comercio y de protección de inversiones ya han generado consecuencias devastadoras en México, como concluyó la Caravana de Observación Internacional sobre los impactos sociales y ambientales de las empresas transnacionales y el libre comercio en 2019. El Acuerdo modernizado UE-México también es preocupante porque sería el primero firmado entre la UE y un país latinoamericano que incluya un capítulo sobre la protección de las inversiones. Esto implica otorgar a las empresas transnacionales el derecho exclusivo de impugnar las decisiones democráticas de los Estados, por ejemplo, cuestionando legislaciones de interés público.”

Imagen: Padre Rubén García Muñoz, defensor del medio ambiente en la Cuenca del Río Atoyac (México), que falleció por causas vinculadas a la contaminación del río en 2020. Además, acompañó el proceso de la Caravana Internacional sobre los impactos del libre comercio y las transnacionales en México en 2019. 

Autor de la imagen: Martín Álvarez Mullaly (OpSur)

 

Organizaciones firmantes:

  • Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (ABL)
  • Attac Germany
  • Ecologistas en Acción
  • Forum Umwelt und Entwicklung
  • PowerShift e.V.
  • Seattle-to-Brussels Network (S2B)
  • Transnational Institute (TNI)

 

Contexto

Hace veintisiete años, México firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el más agresivo del mundo, con Canadá y Estados Unidos. Después, en el año 2000, firmó un acuerdo similar con la Unión Europea, que ha estado en proceso de modernización entre 2016 y 2020. Durante años, los movimientos sociales mexicanos e internacionales han denunciado los impactos de este tipo de acuerdos, en una amplia gama de sectores y, en particular, en lo que concierne a las dramáticas consecuencias de la liberalización sobre los derechos humanos y el medio ambiente.

Los efectos económicos positivos del Acuerdo UE-México han sido hasta ahora insignificantes para México. En general, el desempleo ha aumentado entre 2000 y 2018 del 2,8% al 3,6% y los niveles de vida no han variado. La evaluación de sostenibilidad de la UE de 2019 estima que la entrada en vigor del Acuerdo modernizado, en el mejor escenario únicamente daría lugar a 90.000 puestos de trabajo adicionales en México (0,16%) hasta 2028, mientras que los puestos de trabajo perdidos ni siquiera se contabilizan.

La modernización del Acuerdo prevé la apertura de los mercados agrícolas mexicanos para productos europeos como la carne, la leche y el azúcar. Se espera que las exportaciones de azúcar de la UE aumenten en un 1200% a pesar de que México es uno de los principales productores de azúcar del mundo. Por otro lado, Europa abrirá sus mercados para el pollo y las aves de corral de México y ambas partes acordaron reducir los controles para facilitar el comercio.

La modernización también prevé una extracción más fácil de los recursos naturales en México, así como una reducción de las restricciones a las importaciones de gas y petróleo hacia la UE. En general, el Acuerdo haría más rentables las operaciones económicas basadas en la destrucción del medio ambiente, con un alto impacto climático.

Además de que los poderes de los inversores se incrementarán mediante el acceso exclusivo a un sistema legal privado (el sistema de tribunales de inversiones – ICS), los inversores europeos también obtendrían un mejor acceso al mercado mexicano de contratación pública.

Tal y como es el caso de la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, un número creciente de organizaciones de la sociedad civil, tanto en Europa como en México se opone a la ratificación del Acuerdo.

 

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