· A tres meses de que finalicen las negociaciones para modernizar el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), se organiza un toxic tour por el centro de Madrid.

· El objetivo de este recorrido ha sido ofrecer claves para entender el TCE, los actores implicados, sus impactos en las políticas públicas, el papel que desempeña en el contexto de guerra y la agudización de la crisis energética. También se han desvelado las últimas cifras disponibles que le está costando a España este tratado.

· El Ministerio para la Transición Energética y Reto Demográfico, Endesa, Azora, Cuatrecasas y la oficina de representación de la Comisión Europea en España han sido las cinco paradas que han vertebrado el toxic tour.

· El recorrido ha comenzado y finalizado con una interpelación directa a la ministra Teresa Ribera y a la Comisión Europea para que inicien el proceso de salida del Tratado no más tarde de junio.

Coincidiendo con la recta final de las negociaciones para modernizar el polémico Tratado de la Carta de la Energía (TCE), que se prevé que finalicen el próximo mes de junio en Bruselas, la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, de la que forma parte Ecologistas en Acción, ha organizado un toxic tour en el centro de Madrid. El objetivo ha sido dar las claves, parada a parada, para entender el funcionamiento y el alcance de este acuerdo internacional del sector energético, firmado hace tres décadas.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sido el pistoletazo de salida de esta ruta, frente al que se ha recordado el mensaje de “alerta roja” enviado por el IPCC el pasado mes de agosto. Se ha señalado cómo el TCE obstaculiza las políticas climáticas al proteger las inversiones en petróleo, carbón y gas. Una cifra que asciende a 344.600 millones de euros sólo en Europa. En palabras de Marta García Pallarés, portavoz de Ecologistas en Acción: “Las grandes empresas de combustibles fósiles cuentan con un seguro a todo riesgo para seguir calentando el planeta”. Actualmente, cinco grupos energéticos europeos reclaman una compensación de casi 4.000 millones de euros de dinero público por la adopción de medidas de descarbonización de cuatro países.

Además, han recalcado que el actual contexto de guerra en Ucrania y de agudización de la crisis energética podría ser un nuevo caldo de cultivo para más demandas ISDS. El TCE puede ser utilizado por grandes grupos energéticos (Shell, Engie, OMV, Uniper, Wintershall Dea) para demandar a Alemania y la Unión Europea (UE) tras la cancelación de la certificación del polémico gasoducto Nord Stream 2, ya que sus inversiones se ven directamente afectadas. Asimismo, viejos proyectos fósiles como la construcción del gasoducto MidCat, que ya habían sido descartados, podrían quedar protegidos bajo el TCE si finalmente son resucitados en un intento de acabar con la dependencia del gas ruso.

La segunda parada ha sido frente a una de las sedes comerciales de Endesa, donde han explicado cómo el TCE también puede ser utilizado para evitar que se desarrollen medidas sociales de calado encaminadas a reducir el precio de la electricidad o reformar el mercado eléctrico. Consuelo Pérez Ugena, miembro de la Coordinadora de Vivienda y la Alianza contra la Pobreza Energética de Madrid, ha recalcado: “Existen evidencias que demuestran que la simple amenaza de demanda millonaria bajo el Tratado puede ser suficiente para evitar que los Gobiernos lleven a cabo legislaciones importantes para el bienestar de la ciudadanía”.

Además, han denunciado que en septiembre de 2021 el oligopolio eléctrico amenazó a la UE con recurrir al arbitraje internacional si el Gobierno español no retrocedía en las medidas aprobadas en el RDL 17/2021 para poner coto a los beneficios caídos del cielo.

El grupo Azora ha sido la tercera parada del recorrido. En 2019 demandó a España bajo el TCE a través de dos sociedades pantalla con sede en Luxemburgo. Se trata de un fondo buitre que ha contribuido a las 50 demandas y a los más de 10.000 millones de euros reclamados al Estado español por el recorte a las renovables de 2011. “El caso de Azora es un claro ejemplo de cómo los fondos de inversión que tenían un interés especulativo en el despliegue de las renovables en España, ahora pueden utilizar el TCE para obtener más beneficios”,  afirma Sara Bourehiyi, portavoz de Ecologistas en Acción. El 89 % de los demandantes contra España son corporaciones financieras y fondos de inversión, mientras que el 50 % tienen inversiones en los sectores del carbón, petróleo, gas y energía nuclear, señalan.

La penúltima parada ha correspondido a Cuatrecasas, el despacho de abogados que más demandas ha representado contra el Estado español. Frente a su sede, han denunciado que el arbitraje internacional, a través de su mecanismo ISDS, establece un sistema paralelo de justicia exclusivo para inversores extranjeros que se ha convertido en un nicho de mercado muy lucrativo para bufetes como Cuatrecasas. Lucía Bárcena, investigadora del Transnational Institute, ha declarado: Desde que se iniciaron los primeros arbitrajes contra España en 2014, no ha habido información pública sobre lo que el Estado ha tenido que adelantar en gastos de defensa legal. Ahora podemos decir con certeza que España solo pierde”. Por primera vez, se han desvelado los gastos de defensa legal que España ha pagado en 17 de las demandas bajo el TCE, una cifra que asciende a 37,8 millones de euros. De media, un árbitro de Cuatrecasas cuesta 374€/h en las demandas que se han conocido, pero árbitros de otros bufetes ganan hasta 700$/h. Estos casos duran cuatro años como mínimo y los bufetes tienen interés en alargar los casos.

La última parada ha tenido lugar frente a la oficina de la Comisión Europea en España, órgano que tiene el mandato de negociación en el proceso de modernización en curso del tratado. A la vista del estancamiento de las negociaciones, han pedido a la Comisión la salida inmediata del tratado. “Hasta la fecha se han celebrado once rondas de negociación pero el debate ha sido completamente estéril y no se han alcanzado resultados en los puntos más problemáticos del Tratado”, recuerda Clàudia Custodio de Ecologistas en Acción. En junio de este año se prevé que finalicen las negociaciones. Es el momento de abandonar el TCE como ya hizo Italia, alertan.

· A tres meses de que finalicen las negociaciones para modernizar el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), se organiza un toxic tour por el centro de Madrid.

· El objetivo de este recorrido ha sido ofrecer claves para entender el TCE, los actores implicados, sus impactos en las políticas públicas, el papel que desempeña en el contexto de guerra y la agudización de la crisis energética. También se han desvelado las últimas cifras disponibles que le está costando a España este tratado.

· El Ministerio para la Transición Energética y Reto Demográfico, Endesa, Azora, Cuatrecasas y la oficina de representación de la Comisión Europea en España han sido las cinco paradas que han vertebrado el toxic tour.

· El recorrido ha comenzado y finalizado con una interpelación directa a la ministra Teresa Ribera y a la Comisión Europea para que inicien el proceso de salida del Tratado no más tarde de junio.

Coincidiendo con la recta final de las negociaciones para modernizar el polémico Tratado de la Carta de la Energía (TCE), que se prevé que finalicen el próximo mes de junio en Bruselas, la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, de la que forma parte Ecologistas en Acción, ha organizado un toxic tour en el centro de Madrid. El objetivo ha sido dar las claves, parada a parada, para entender el funcionamiento y el alcance de este acuerdo internacional del sector energético, firmado hace tres décadas.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sido el pistoletazo de salida de esta ruta, frente al que se ha recordado el mensaje de “alerta roja” enviado por el IPCC el pasado mes de agosto. Se ha señalado cómo el TCE obstaculiza las políticas climáticas al proteger las inversiones en petróleo, carbón y gas. Una cifra que asciende a 344.600 millones de euros sólo en Europa. En palabras de Marta García Pallarés, portavoz de Ecologistas en Acción: “Las grandes empresas de combustibles fósiles cuentan con un seguro a todo riesgo para seguir calentando el planeta”. Actualmente, cinco grupos energéticos europeos reclaman una compensación de casi 4.000 millones de euros de dinero público por la adopción de medidas de descarbonización de cuatro países.

Además, han recalcado que el actual contexto de guerra en Ucrania y de agudización de la crisis energética podría ser un nuevo caldo de cultivo para más demandas ISDS. El TCE puede ser utilizado por grandes grupos energéticos (Shell, Engie, OMV, Uniper, Wintershall Dea) para demandar a Alemania y la Unión Europea (UE) tras la cancelación de la certificación del polémico gasoducto Nord Stream 2, ya que sus inversiones se ven directamente afectadas. Asimismo, viejos proyectos fósiles como la construcción del gasoducto MidCat, que ya habían sido descartados, podrían quedar protegidos bajo el TCE si finalmente son resucitados en un intento de acabar con la dependencia del gas ruso.

La segunda parada ha sido frente a una de las sedes comerciales de Endesa, donde han explicado cómo el TCE también puede ser utilizado para evitar que se desarrollen medidas sociales de calado encaminadas a reducir el precio de la electricidad o reformar el mercado eléctrico. Consuelo Pérez Ugena, miembro de la Coordinadora de Vivienda y la Alianza contra la Pobreza Energética de Madrid, ha recalcado: “Existen evidencias que demuestran que la simple amenaza de demanda millonaria bajo el Tratado puede ser suficiente para evitar que los Gobiernos lleven a cabo legislaciones importantes para el bienestar de la ciudadanía”.

Además, han denunciado que en septiembre de 2021 el oligopolio eléctrico amenazó a la UE con recurrir al arbitraje internacional si el Gobierno español no retrocedía en las medidas aprobadas en el RDL 17/2021 para poner coto a los beneficios caídos del cielo.

El grupo Azora ha sido la tercera parada del recorrido. En 2019 demandó a España bajo el TCE a través de dos sociedades pantalla con sede en Luxemburgo. Se trata de un fondo buitre que ha contribuido a las 50 demandas y a los más de 10.000 millones de euros reclamados al Estado español por el recorte a las renovables de 2011. “El caso de Azora es un claro ejemplo de cómo los fondos de inversión que tenían un interés especulativo en el despliegue de las renovables en España, ahora pueden utilizar el TCE para obtener más beneficios”,  afirma Sara Bourehiyi, portavoz de Ecologistas en Acción. El 89 % de los demandantes contra España son corporaciones financieras y fondos de inversión, mientras que el 50 % tienen inversiones en los sectores del carbón, petróleo, gas y energía nuclear, señalan.

La penúltima parada ha correspondido a Cuatrecasas, el despacho de abogados que más demandas ha representado contra el Estado español. Frente a su sede, han denunciado que el arbitraje internacional, a través de su mecanismo ISDS, establece un sistema paralelo de justicia exclusivo para inversores extranjeros que se ha convertido en un nicho de mercado muy lucrativo para bufetes como Cuatrecasas. Lucía Bárcena, investigadora del Transnational Institute, ha declarado: Desde que se iniciaron los primeros arbitrajes contra España en 2014, no ha habido información pública sobre lo que el Estado ha tenido que adelantar en gastos de defensa legal. Ahora podemos decir con certeza que España solo pierde”. Por primera vez, se han desvelado los gastos de defensa legal que España ha pagado en 17 de las demandas bajo el TCE, una cifra que asciende a 37,8 millones de euros. De media, un árbitro de Cuatrecasas cuesta 374€/h en las demandas que se han conocido, pero árbitros de otros bufetes ganan hasta 700$/h. Estos casos duran cuatro años como mínimo y los bufetes tienen interés en alargar los casos.

La última parada ha tenido lugar frente a la oficina de la Comisión Europea en España, órgano que tiene el mandato de negociación en el proceso de modernización en curso del tratado. A la vista del estancamiento de las negociaciones, han pedido a la Comisión la salida inmediata del tratado. “Hasta la fecha se han celebrado once rondas de negociación pero el debate ha sido completamente estéril y no se han alcanzado resultados en los puntos más problemáticos del Tratado”, recuerda Clàudia Custodio de Ecologistas en Acción. En junio de este año se prevé que finalicen las negociaciones. Es el momento de abandonar el TCE como ya hizo Italia, alertan.