El pasado viernes 16 de abril de 2021, la compañía energética alemana Uniper anunció que demandará a los Países Bajos por sus planes para poner fin a la producción de energía a partir de carbón, una Ley aprobada en diciembre de 2019 que supone el cierre de todas las centrales eléctricas de carbón del país en 2030. 

La empresa ha presentado una demanda ante los tribunales nacionales y ha declarado que también recurrirá a los tribunales de arbitraje privados para lograr una indemnización bajo el Tratado de la Carta de la Energía (TCE). El TCE es un acuerdo internacional para el sector energético que permite que inversores y multinacionales demanden a los Estados por prácticamente cualquier medida que perjudique sus intereses económicos, presentes o futuros. 

Ya en mayo de 2020 -meses después del anuncio de la Ley holandesa- Uniper amenazó al Gobierno holandés con utilizar el TCE y reclamar más de 1.000 millones de euros de indemnización. Finalmente, la compañía ha cumplido su amenaza y ha registrado la demanda. Sostiene que su central eléctrica de carbón Maasvlakte 3, cerca de Rotterdam, sólo tiene cinco años de antigüedad y que debería operar hasta 2056 en lugar de 2030, como contempla la nueva Ley.

En menos de tres meses, los Países Bajos enfrentan su segunda demanda bajo el TCE por medidas encaminadas a cumplir con sus compromisos climáticos y limitar el aumento de la temperatura global en 1,5ºC. Uniper sigue la estela de la energética alemana RWE, que demandó al país en febrero de 2021 también por el cierre de dos de sus centrales de carbón, reclamando hasta 1.400 millones de euros como compensación. Ambos compañías alegan que el cambio en la legislación energética es imprevista y que han sido  tratados de forma injusta.

Con este nuevo caso, el número de demandas bajo el TCE asciende a un total de 133, muchas de las cuáles están vinculadas a medidas adoptadas por los países para eliminar los combustibles fósiles. Un estudio reciente de Investigative Europe ha desvelado que, sólo en la UE, Gran Bretaña y Suiza, hay 350.000 millones de euros en proyectos de petróleo, gas y carbón protegidos por este tratado. Si no se modifica el TCE de forma radical, los Estados comprometidos con la transición energética y el abandono de las fuentes fósiles podrían ser objeto de una nueva oleada de demandas.

Desde junio de 2020, los países que son parte del Tratado se han embarcado en un supuesto proceso de modernización para alinear el TCE con el Acuerdo de París, pero los resultados hasta la fecha son estériles y las negociaciones se van a alargar hasta finales de 2021. Ante esta situación, en febrero de 2021 las ministras de Transición Ecológica, Asuntos Exteriores y Comercio enviaron una carta a la Comisión Europea advirtiendo que si el proceso de modernización fracasa, la única vía posible será la salida. 

La sociedad civil también ha pasado a la acción: más de un millón de personas en toda Europa han firmado una petición para solicitar a los Gobiernos que abandonen el TCE con el fin de garantizar la implementación de las políticas climáticas.

El pasado viernes 16 de abril de 2021, la compañía energética alemana Uniper anunció que demandará a los Países Bajos por sus planes para poner fin a la producción de energía a partir de carbón, una Ley aprobada en diciembre de 2019 que supone el cierre de todas las centrales eléctricas de carbón del país en 2030. 

La empresa ha presentado una demanda ante los tribunales nacionales y ha declarado que también recurrirá a los tribunales de arbitraje privados para lograr una indemnización bajo el Tratado de la Carta de la Energía (TCE). El TCE es un acuerdo internacional para el sector energético que permite que inversores y multinacionales demanden a los Estados por prácticamente cualquier medida que perjudique sus intereses económicos, presentes o futuros. 

Ya en mayo de 2020 -meses después del anuncio de la Ley holandesa- Uniper amenazó al Gobierno holandés con utilizar el TCE y reclamar más de 1.000 millones de euros de indemnización. Finalmente, la compañía ha cumplido su amenaza y ha registrado la demanda. Sostiene que su central eléctrica de carbón Maasvlakte 3, cerca de Rotterdam, sólo tiene cinco años de antigüedad y que debería operar hasta 2056 en lugar de 2030, como contempla la nueva Ley.

En menos de tres meses, los Países Bajos enfrentan su segunda demanda bajo el TCE por medidas encaminadas a cumplir con sus compromisos climáticos y limitar el aumento de la temperatura global en 1,5ºC. Uniper sigue la estela de la energética alemana RWE, que demandó al país en febrero de 2021 también por el cierre de dos de sus centrales de carbón, reclamando hasta 1.400 millones de euros como compensación. Ambos compañías alegan que el cambio en la legislación energética es imprevista y que han sido  tratados de forma injusta.

Con este nuevo caso, el número de demandas bajo el TCE asciende a un total de 133, muchas de las cuáles están vinculadas a medidas adoptadas por los países para eliminar los combustibles fósiles. Un estudio reciente de Investigative Europe ha desvelado que, sólo en la UE, Gran Bretaña y Suiza, hay 350.000 millones de euros en proyectos de petróleo, gas y carbón protegidos por este tratado. Si no se modifica el TCE de forma radical, los Estados comprometidos con la transición energética y el abandono de las fuentes fósiles podrían ser objeto de una nueva oleada de demandas.

Desde junio de 2020, los países que son parte del Tratado se han embarcado en un supuesto proceso de modernización para alinear el TCE con el Acuerdo de París, pero los resultados hasta la fecha son estériles y las negociaciones se van a alargar hasta finales de 2021. Ante esta situación, en febrero de 2021 las ministras de Transición Ecológica, Asuntos Exteriores y Comercio enviaron una carta a la Comisión Europea advirtiendo que si el proceso de modernización fracasa, la única vía posible será la salida. 

La sociedad civil también ha pasado a la acción: más de un millón de personas en toda Europa han firmado una petición para solicitar a los Gobiernos que abandonen el TCE con el fin de garantizar la implementación de las políticas climáticas.