[h4]¿Te imaginas que multinacionales e inversores pudieran demandar a los Estados por legislar a favor del clima, el medio ambiente y las personas?
Todavía peor, ¿te imaginas que pudieran hacerlo ignorando los tribunales públicos a través de tribunales privados internacionales?
Esto ya está pasando. Es el Tratado sobre la Carta de la Energía, un tratado desconocido hecho a la medida de las multinacionales por el que España ya ha sido condenada a pagar 1046 millones € de las arcas públicas.[/h4]
Te dejamos ocho claves para que te aproximes a uno de los Tratados más peligrosos para la ciudadanía y el medio ambiente.
1. España lo ratificó en 1994 sin debate público.
Es un tratado multilateral de inversiones en el sector energético ratificado por 53 países de Europa, Asia Central y Japón. A pesar de los peligros que implica está en proceso de expansión en países de África, Latinoamérica y Asia.
2. Los intereses de los inversores priman ante el bien común.
Los inversores extranjeros que hayan invertido en un país pueden demandar al Gobierno si creen que ha legislado en contra de sus intereses económicos presentes o futuros. Bajo el TCE los gobiernos, sin embargo, no pueden demandar a las multinacionales.
3. Solución de las controversias en tribunales privados.
Debido a las cláusulas ISDS presentes en el TCE, las demandas se efectúan ante tribunales de arbitraje internacionales privados. Funcionan al margen de los tribunales públicos. Su decisión es inapelable.
4. España: condenada a pagar 1046 millones de euros.
Un monto que equivale a casi la mitad del presupuesto de Educación en 2018 o la mitad del de Servicios Sociales. España es el país que más denuncias acumula bajo el TCE: 47, de las cuales 16 se han fallado a favor del inversor.
5. ¿De dónde saldría el dinero para pagar las multas?
Si un Estado es condenado a pagar, el dinero sale de las arcas públicas, es decir, de los Presupuestos Generales del Estado o se computa como deuda. No se descarta un incremento en la factura de la luz de la ciudadanía.
6. Demandas a España por valor de 8000 millones de euros.
Aún hay 28 demandas contra España sin resolver. El monto podría ascender a unos 8000 millones de euros, casi el doble del presupuesto destinado a Sanidad en 2018, o 1,13 veces el presupuesto de I+D.
7. Incompatible con el acuerdo de París.
El TCE protege las inversiones en energías fósiles incompatibles con los compromisos adquiridos con la firma del Acuerdo de París por parte de España y la UE: limitar el aumento de temperatura en 1,5 ºC a finales de siglo.
8. La posible amenaza de denuncia es disuasoria para legislar.
El TCE se utiliza para cuestionar medidas imprescindibles para la transición energética: abandono de fuentes fósiles, impulso de renovables y eficiencia energética, medidas dirigidas a acabar con la pobreza energética o control público de la producción energética, entre otras.
Estas claves son solo la punta del iceberg de un Tratado que afectará a nuestras vidas mucho más de los que pensamos. Si quieres profundizar más o conocer el caso español, te dejamos un dossier informativo.
[h4]¿Te imaginas que multinacionales e inversores pudieran demandar a los Estados por legislar a favor del clima, el medio ambiente y las personas?
Todavía peor, ¿te imaginas que pudieran hacerlo ignorando los tribunales públicos a través de tribunales privados internacionales?
Esto ya está pasando. Es el Tratado sobre la Carta de la Energía, un tratado desconocido hecho a la medida de las multinacionales por el que España ya ha sido condenada a pagar 1046 millones € de las arcas públicas.[/h4]
Te dejamos ocho claves para que te aproximes a uno de los Tratados más peligrosos para la ciudadanía y el medio ambiente.
1. España lo ratificó en 1994 sin debate público.
Es un tratado multilateral de inversiones en el sector energético ratificado por 53 países de Europa, Asia Central y Japón. A pesar de los peligros que implica está en proceso de expansión en países de África, Latinoamérica y Asia.
2. Los intereses de los inversores priman ante el bien común.
Los inversores extranjeros que hayan invertido en un país pueden demandar al Gobierno si creen que ha legislado en contra de sus intereses económicos presentes o futuros. Bajo el TCE los gobiernos, sin embargo, no pueden demandar a las multinacionales.
3. Solución de las controversias en tribunales privados.
Debido a las cláusulas ISDS presentes en el TCE, las demandas se efectúan ante tribunales de arbitraje internacionales privados. Funcionan al margen de los tribunales públicos. Su decisión es inapelable.
4. España: condenada a pagar 1046 millones de euros.
Un monto que equivale a casi la mitad del presupuesto de Educación en 2018 o la mitad del de Servicios Sociales. España es el país que más denuncias acumula bajo el TCE: 47, de las cuales 16 se han fallado a favor del inversor.
5. ¿De dónde saldría el dinero para pagar las multas?
Si un Estado es condenado a pagar, el dinero sale de las arcas públicas, es decir, de los Presupuestos Generales del Estado o se computa como deuda. No se descarta un incremento en la factura de la luz de la ciudadanía.
6. Demandas a España por valor de 8000 millones de euros.
Aún hay 28 demandas contra España sin resolver. El monto podría ascender a unos 8000 millones de euros, casi el doble del presupuesto destinado a Sanidad en 2018, o 1,13 veces el presupuesto de I+D.
7. Incompatible con el acuerdo de París.
El TCE protege las inversiones en energías fósiles incompatibles con los compromisos adquiridos con la firma del Acuerdo de París por parte de España y la UE: limitar el aumento de temperatura en 1,5 ºC a finales de siglo.
8. La posible amenaza de denuncia es disuasoria para legislar.
El TCE se utiliza para cuestionar medidas imprescindibles para la transición energética: abandono de fuentes fósiles, impulso de renovables y eficiencia energética, medidas dirigidas a acabar con la pobreza energética o control público de la producción energética, entre otras.
Estas claves son solo la punta del iceberg de un Tratado que afectará a nuestras vidas mucho más de los que pensamos. Si quieres profundizar más o conocer el caso español, te dejamos un dossier informativo.
